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Rechaza el Juez Urso la excarcelación de 10 militares detenidos desde hace casi seis años, en una causa judicial disparatada - una falaz acusación sobre un plan sistemático de robo de niños - congelada desde hace años en la etapa de sumario previo, por falta absoluta de pruebas al respecto y abundantes evidencias aportadas por las defensas de que lo ordenado y usualmente cumplido era la entrega de los huérfanos de terroristas caídos a sus familias o de no ser halladas, a los Juzgados de Menores.

Los camaristas Gabriel Cavallo y Horacio Vigliani, integrantes de la sala I, dispusieron que Urso debía "revisar la situación particular de cada uno de los imputados atento los plazos establecidos" por la ley 24.390 para la prisión preventiva (tres años como máximo). Remarcaron que los militares detenidos deberían recuperar su libertad, de modo de respetar "la razonabilidad del plazo de detención"

Pero el increíble juez Urso rechazó ese planteo argumentando la absurda "presunción de que los procesados podrían fugarse o entorpecer la investigación". Decimos absurdo y agregamos falaz argumento, inaceptable, dado que todos los detenidos menos dos, por tener más de 70 años de edad están detenidos desde diciembre de 1998 en sus domicilios, acorde a la ley sin guardia policial alguna y a cargo de un familiar responsable. Sabemos todos que pese a ello ninguno se ha fugado o impedido la investigación.

El juez Urso debería ser inmediatamente sometido a un juicio político por incumplimiento de la ley y abuso manifiesto de poder. Más grave aun, tenemos versiones muy creíbles sobre irritadas manifestaciones de Urso contra la decisión mencionada de la Sala I, comentando que le habían tirado un petardo político ardiendo y que él no se pondría en contra a los organismos - tan mal llamados - de derechos humanos.

Veremos que decide ante esta alevosa desobediencia la Sala I cuando reciban la correspondiente apelación de las defensas, también nos interrogamos porque no decidieron ellos directamente las excarcelaciones del caso en forma coherente a sus dichos. ¿Es que también temen a los militantes de los ex terroristas o a perder sus puestos ante las usuales furias de encumbrados empleados públicos nacionales cuando no se cumplen sus objetivos?

Y no podemos dejar de preguntarnos si ¿es esta parodia la Justicia ante la cual dicen inclinarse respetuosamente y confiar los mandos militares?

Esperamos por la supervivencia de la República en libertad que las dirigencias argentinas que les compete reaccionen y actúen con las múltiples herramientas que la ley penal y los reglamentos y tradiciones militares les brindan, están terminadas las horas de los discursos y promesas vanas, son tiempos de valor cívico y desprendimientos personales.

Finalmente, expresamos nuestro claro homenaje y solidaridad por los dignos ciudadanos militares y de fuerzas de seguridad afectados por este abuso de poder que los convierte claramente en ´detenidos políticos rehenes´, elegidos al azar y por conveniencias tácticas como víctimas emblemáticas entre los miles que cumplieron su deber de combatir y derrotar a los criminales del ERP y Montoneros; son:

El Tte. General Videla, el Alte. Massera – cuyo juzgamiento y prisión indigna al sentido común, dada su grave e irreversible enfermedad cerebral - , el Tte. General Nicolaides, el Gral. Riveros, el Alte. Franco, el Vice Alte. Vañek, el Gral. Bignone, el Gral. Suárez Mason, el Gral. Sasiaiñ, el Cap. de Fragata Acosta y el Prefecto Febres (estos dos últimos además no alojados en domicilio por ser menores de 70 años).

 

Aun cuando fueran juzgados y declarados inocentes, los pasados seis años en prisión preventiva ilegal ya han constituido una irreversible condena, el verdadero objetivo de los denunciantes y sus cómplices en la justicia.

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¿Qué pasará con la Nación Argentina?

La palabra "nación" procede del verbo latino nasci, "nacer", y originariamente se refería a un grupo de población nacido en el mismo lugar, con independencia de la extensión de este y del número de habitantes.

Nunca tuvo un connotación muy precisa. Tuvo muchas definiciones y acepciones según los diferentes tratadistas que encararon este tema.

Personalmente la que más me satisfizo es la siguiente: "Nación es una superficie territorial dada, con una comunidad humana relativamente numerosa, que presenta con cierta nitidez rasgos comunes, tales como religión, idioma, raza, costumbres, una historia y una perspectiva de un futuro común, regido por un mismo gobierno, que establece un conjunto de leyes para esa comunidad y que posee el monopolio de la fuerza o de coacción para hacer cumplir esas leyes."

Realmente no se si esta es la más adecuada ni la más precisa. No obstante creo que si hay alguna mejor, debe ser bastante semejante a esta.

Saco a colación esta definición que hemos aprendido en la escuela primaria, para hacer énfasis en uno de los componentes de la misma: "monopolio de la fuerza o de la coacción".

Y ya voy al punto en el que quiero hacer el centro de mi razonamiento. ¿Hoy día el gobierno del Dr. Kirchner posee el monopolio de violencia o de coacción? Todo indicaría que no. Su permanente política confrontativa, disociadora, sus humillaciones, desplantes y agravios con muchos sectores de la comunidad, en particular aquellos que son justamente, el brazo armado al que se refiere la definición precedente, hacen pensar que no.

La Policía Federal y la de la provincia de Buenos Aires han sido vapuleadas en forma tal que ambas fuerzas fueron sistemáticamente desmanteladas en su estructura funcional y una enorme purga colapsó sus cuadros orgánicos. Una conducción incompetente o probablemente intencionada, quiso hacer una depuración en el personal, pero no separaron la paja del trigo, cesanteando cientos de honestos policías sin juicio previo alguno y ensuciando vilmente el prestigio y la honorabilidad de la institución. De paso, estas instituciones sirvieron como chivo expiatorio del elevado grado de inseguridad que se vive actualmente, y que no tiene antecedentes en la historia de nuestro país, y que demuestra ni más ni menos que la incompetencia de las autoridades políticas.

El desmembramiento de las fuerzas policiales y la disolución de la policía bonaerense son prácticamente un hecho, una realidad actual.

Ambas policías son las más numerosas en el país y no hace muchos años atrás eran orgullo de los argentinos. No puedo apreciar si el alto grado de ineficacia en su accionar actual, se debe al comienzo de su disolución como una fuerza orgánica organizada para el cumplimiento de su misión, o simplemente a su baja moral y su silenciosa rebeldía, a consecuencia de la pésima conducción en los más altos niveles, a su humillaciones públicas o a las incongruentes, permisivas y condescendientes leyes y políticas que se disponen para prevenir y combatir el delito.

Por otra parte la Justicia, se encuentra en los más bajos niveles en la historia del país. Empezando por la Corte Suprema de Justicia, con su reciente incorporación de jueces "garantistas," hasta la pésima capacidad profesional y falta de idoneidad, de la mayoría de los jueces, nombrados en su momento, por su afinidad de los gobernantes de turno. Pero amen de ello hay un factor más importante aún que afecta a toda la comunidad jurídica del país. El temor.

Los jueces y fiscales, los abogados en general, tiene verdadero temor de actuar conforme a las leyes, por miedo a irritar al gobierno. Es así, que las dos principales responsabilidades del gobierno, las llamadas responsabilidades primarias del Estado, la seguridad y la justicia, no funcionan adecuadamente.

Volviendo al monopolio estatal de la fuerza, esta se fue transfiriendo lenta pero paulatinamente hacia los movimientos piqueteros. La pérdida de la autoridad de Kirchner es palpable y evidente. Los motivos pueden tener varias ópticas para su análisis, pero entre las principales se destacan dos:

1.- El Dr. Kirchner y su gobierno tan proclives a las estadísticas, sabe que la estricta aplicación de la ley o la represión, que la mayoría de los argentinos reclama, (1) pondrá en juego su aún alta imagen y popularidad (43%). La misma se vería fuertemente afectada.

Pero es el gobierno con su supuesta pasividad, que entra en el juego de los piqueteros. Se sienta a negociar con ellos y les otorga fondos sin ningún tipo de control (se menciona de partidas presupuestarias cercanas a los 3.600 millones de pesos). Esta forma de clientelismo, o de comprar voluntades le da rédito, pero solo en el corto plazo.

Con el correr del tiempo los piqueteros se van afianzando y haciendo cada vez más duros en sus exigencias. El Gobierno, temiendo el costo político de aplicar con toda su fuerza la ley o reprimir, prefiere apostar a que la opción sea tolerar pasivamente la protesta, esperando que el fenómeno se enfríe y se apague solo.

El problema reside en que en este tipo de solución, en la cual el Estado deja de cumplir la ley y con su pasividad permite estas manifestaciones, tendrá un costo político e institucional en el largo plazo. No deja de ser el estilo de este gobierno: dilatar las soluciones de los problemas y estirarlos hacia delante. Ello implica una peligrosa y elevada cuota de riesgo para la institucionalidad del país.

2.- La segunda visión del problema es realmente patética. Sabemos de la inclinación ideológica del Dr. Kirchner y de su gobierno. La hemos analizado en un artículo anterior (2). También sabemos que la ideología de izquierda, no tiene ni tuvo nunca, demasiada adhesión en el país (nunca superaron el 6 ó 7 % en los comicios generales). Pero en toda su gestión de gobierno, todo indica su adhesión a este tipo de socialismo retrógrado, que se evidencia en la acción psicológica y destrucción material y moral de las fuerzas armadas y de seguridad y otros factores de poder, y a la permanente y sistemática manipulación de la opinión pública, para lograr modificar radicalmente el orden político, económico y social del país.

También, de acuerdo a lo mencionado por Alfredo Atanasof, Kirchner podría tener en mente emplearlos como una fuerza de choque, emulando a Perón en la etapa más autoritaria de su carrera. Si así ocurriera, las perspectivas frente al país y al gobierno actual, serán sin duda alguna funestas.

La inseguridad, el desorden casi generalizado al límite de la anarquía, la violencia y el virtual estado de anomia de nuestra sociedad, es un caldo de cultivo favorable a cualquier aventura que quiera emprender el gobierno. ¿Es está situación deliberada o causal? ¿Hay en realidad piqueteros buenos y malos? Esa es la pregunta clave.

Concretamente pensamos que se podría estar utilizando los movimientos piqueteros como un factor de fuerza, para llegado el caso, utilizarlos como un medio para lograr la insurrección, etapa previa a la guerra revolucionaria, para imponer un estado socialista. (3)

En definitiva las dos visiones expuestas, son verdaderamente preocupantes: por un lado la pasividad e inactividad esperando que las cosas se arreglen con el tiempo y por otro lado la aviesa y disparatada intención de buscar conmover las estructuras del país para convertir a este en una Venezuela chavista o una Cuba castrista.

Ambas visiones son aún difusas. Pero lo que cada vez se evidencia con mayor claridad es que ya el Estado no cuenta con un atributo que le es distintivo y exclusivo y que es justamente el monopolio de la fuerza. Kirchner ha renunciado en forma irresponsable e imprudente a este esencial atributo de todo Estado, o lo realizó en forma premeditada perfectamente deliberada, consecuente con su ideología.

Es difícil que en el estado actual la policía sea utilizada para reprimir. Es difícil que en el estado actual de las cosas, los jueces y fiscales tomen la iniciativa para investigar y sancionar los delitos conexos a los movimientos piqueteros.

Y en cuanto a las FF.AA. no están preparadas ni instruidas para ello. No saben dispersar una manifestación o contrarrestar un movimiento piquetero. Solo saben, entre otras muchas cosas propias de la guerra, aniquilar al enemigo.

Sabemos también que estas constituyen la última ratio, en graves emergencias que pongan en peligro la integridad del país o para evitar en última instancia, la disolución de la Nación. Pero tienen expresamente prohibido, por la sabia Constitución que algunos iluminados pergeñaron, actuar en el frente interno. Afortunadamente no aprecio que las FF.AA. saldrían a sacar las papas del fuego que esta inútil, lamentable y patética dirigencia política ha creado. Tampoco pienso que quieran hacerlo. No obstante y pese a todo finalmente tendrán que salir …saldrán a apagar las cenizas cuando ya nada quede en pie.

[email protected]

(1) Me refiero a la represión, como a los procedimientos necesarios para poner coto a estos movimientos, es decir las acciones para mantener el orden, e impedir preventivamente o por acción directa los desmanes y no la errónea acepción que le han dado a esta palabra los sucesivos gobiernos democráticos desde el año 1983.

 

(2) "SE ESTÁ CONSTRUYENDO UNA PATRIA SOCIALISTA". Por Alfredo R. Weinstabl 28-06-04.

 

(3) "El propagandista debe usar el desempleo para explicar la naturaleza de la crisis capitalista; el agitador debe mostrar la muerte de un desempleado.

El capitalismo refleja la falta de sensibilidad ante la contradicción entre el crecimiento de la riqueza y el incremento de la pobreza.

Debemos apoyar con las luchas callejeras, demandas que no tienen ninguna posibilidad de resultados. La cosa principal es la propaganda y la agitación en todos los estratos sociales. Nuestra tarea es utilizar cualquier manifestación de descontento, no importa cuan pequeña sea.

La exposición económica es la declaración de guerra contra los propietarios de las empresas.-

Nuestro negocio como publicistas de la Social Democracia es profundizar y expandir la lucha y la agitación política.

Hay que estar en contra de la libertad de crítica. No se negocian los principios ni se hacen concesiones teóricas.

Se debe usar la acción policial para darle a la lucha económica carácter político."

Vladimir Ilich Ulianov Lenin (1870-1924)

 

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http://www.eldisidente.com/

"El terrorismo fue responsable del atentado contra la AMIA

por Víctor Eduardo Lapegna

 

¿Quiénes fueron los responsables del atentado terrorista contra la AMIA del 18 de julio de 1994?

Los mismos que antes fueron responsables del atentado terrorista contra la Embajada de Israel en Buenos Aires el 17 de marzo de 1992.

Los mismos que después fueron responsables de los atentados terroristas del 11 de setiembre de 2001 en Nueva York y en Washington o del 11 de mayo de 2003 en Madrid.

Los responsables esenciales de esos ataques son las organizaciones terroristas y los estados que les protegen, quienes desataron la nueva guerra global de esta nueva sociedad del conocimiento, que sucedió a la guerra fría que signó la última mitad del siglo XX y se correspondió con la última fase de la sociedad industrial.

Aunque existen muchas diferencias entre aquella guerra fría y esta guerra lanzada por los terroristas, el enemigo que tenían quienes fueron derrotados en aquella contienda y el de los que iniciaron esta nueva conflagración es el mismo: la democracia política y la economía capitalista, que tienen ambos el presupuesto y la condición de la libertad.

Los nombres y las formas de organización que adoptan las fuerzas terroristas son varias y diversas, pero eso no es lo esencial.

Lo que les identifica y el eje fundamental de su combate es la definición acerca de quienes son sus enemigos: todos los que defienden un sistema político y un sistema económico basados en la libertad y en la justicia.

Por eso los terroristas atentaron contra la Embajada de Israel y la sede de la AMIA en 1992 y en 1994.

Porque en la Argentina de esos años se procuraba construir en paz una democracia capitalista, en el marco de una sociedad en la que convivían en amistad una numerosa comunidad de origen árabe e islámico de la que procedía quien por entonces ocupaba la Presidencia de la Nación y una numerosa comunidad judía cuyo máximo dirigente en esos años expresaba posiciones afines a la democracia capitalista.

Esa Argentina cuyo gobierno había decidido participar en la Guerra del Golfo contra Irak por la invasión de Kuwait, esa Argentina cuyo gobierno asumía una posición de firme defensa del derecho de Israel y de los israelíes a vivir en paz y también del derecho de los palestinos a tener su territorio patrio y vivir pacíficamente en él y se mostraba dispuesto a colaborar en todas las negociaciones que condujeran a ese doble objetivo.

Esa Argentina podía ser un peligroso ejemplo contrario a los falaces discursos de los terroristas y es por eso que resolvieron cometer los atentados contra la Embajada de Israel y la sede de la AMIA.

Si fuera a creer uno en muchos de los discursos que se oyeron y de las notas que se publicaron en estos días con motivo del décimo aniversario del ataque a la AMIA debería suponer que lo que escribimos antes, datos de la realidad que vivimos todos los argentinos, en realidad no sucedió.

Habría que concluir que aún no se sabe quienes fueron los responsables de los ataques terroristas contra la Embajada de Israel y la AMIA, pero que entre los principales sospechosos están el ex presidente argentino, Carlos Menem y varios funcionarios de su gobierno; el ex titular de la DAIA, Rubén Beraja e incluso el ex primer ministro israelí Yitzak Rabin.

Debería bastar el sentido común para aceptar que todos los mencionados fueron víctimas de los atentados y bajo ningún punto de vista responsables de ellos.

Pero está visto que el sentido común escasea entre la mayor parte de los que pronunciaron discursos y escribieron artículos con motivo del décimo aniversario del atentado a la AMIA.

Lo más triste es que, al pretender tornar a algunas de las víctimas en responsables del atentado, quienes obran así tienden a brindar una nueva victoria política a los criminales terroristas sin reivindicar debidamente la memoria de las 29 personas que murieron en el ataque a la Embajada y las 85 que perecieron en el atentado contra la AMIA.

Reconstruir la democracia política y el capitalismo en un clima de pacífica convivencia entre argentinos-árabes y argentinos-judíos que fuera parte de la unión nacional en torno de un proyecto de vida en común sería el mejor homenaje que podría hacerse a esas 114 víctimas de la batalla que libró en la Argentina el terrorismo como parte de su guerra global contra la democracia, el capitalismo y el derecho a vivir en paz y libertad de todas las personas.

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Los 10 años del atentado contra la sede de la Amia han producido bastante polémica política. Pero también producirá debate cultural, considerando el texto del autor, quien considera que la falta de precisión en las consideraciones vertidas por los voceros de las víctimas, lesionan a la colectividad árabe en su conjunto.

por Jorge Asís (*)

 

En momentos en que el Estado de Israel recibe una justa penitencia internacional por la construcción de un muro inadmisible, y mientras la mano criminal del Premier Sharon concibe la insólita hazaña de convertir al sionismo en un ejército invasor ocupante y represivo, un conjunto de irresponsables de la comunidad judía argentina se aventura, de manera indirecta, en fomentar, por exceso y hartazgo, el indeseable crecimiento del rencor, la injusticia y la intolerancia.

Un gran error, sobre todo cuando, en países centrales que se dedican a la exportación cultural, la pasión despreciablemente abyecta del antisemitismo hace sentir su presencia.

Aquí, amparados en un lícito malestar, fragmentados por distintos intereses institucionales, enceguecidos por la falta de esclarecimiento de un atentado atroz (que supo marcar el inicio de una nueva guerra), anotándose escandalosamente en el oportunismo de la sociedad del espectáculo, los doloridos irresponsables de referencia sumergen a su comunidad en el abismo de la desubicación histórica.

Apelan a la impunidad conceptual que dista de estar a la altura de los muertos que dejaron de ser ausencia, vacío y nostalgia, para convertirlos - pobres - en pretextos para un planteo político.

Apelan entonces a la barbarie imperdonablemente gratuita de su retórica envenenada, a los efectos de condenar, sin rigor, a los supuestos culpables, sin sentido común ni fundamentos, a eventuales funcionarios que podrían ser sindicados, a lo sumo, de ineficientes.

E incluso - por qué no- de ineptos. Pero nunca de criminales ni traidores.

¿Y quién se va a atrever a cuestionar aquellos epítetos infamantes, expresados a canilla libre y desde una inconmensurable estatura ética?

Si se trata de dirigentes de instituciones prestigiosas, de representantes de asociaciones de familiares de la comunidad especialmente afectada, que vomitan la impotencia de su indignación por sus parientes convertidos en cadáveres oficialmente olvidados.

De manera que se impone aguantar los insultos, las sistemáticas degradaciones, y callar, porque, quienes se exceden desde la impunidad de la tribuna, tienen licencia para injuriar.

Aparte, y para colmo, los patéticos agravios fueron formulados delante del apretado Presidente de (la que fuera) la Nación Argentina, y de la operativa Primera Dama, quienes, con rostro de marketing compungido, disfrutaban de las condenas a sus coyunturales enemigos que yacían en la hoguera del discurso, y siquiera sin sospechar que probablemente serán los próximos insultados.

Por lo tanto, todo aquel que ose siquiera intentar algo parecido a una impugnación, puede tener garantizada la condena del poder real, y la desconfianza eterna sobre sus verdaderos objetivos.

Entonces nunca nadie debería afirmar que la condición de dirigente, ni de familiar de víctima, no habilita de ningún modo a convertirse en victimario.

O en traficante hegemónico de memorias ofensivas.

O a disponer de impunidad intelectual para producir, con la palabra, violentos actos de barbarie que banalizaron el aniversario que se pretendió conmemorar.

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