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La detención del respetado General (RE) Juan Pablo Saá de 77 años de edad, enfermo crónico en silla de ruedas, con el falaz pretexto de un inexistente plan Cóndor contra ¨inocentes opositores¨ - en realidad una elemental e imprescindible coordinación entre los gobiernos de los 70´ agredidos por sus respectivos terrorismos marxistas, regionalmente aliados - terminó en una tragedia: su señora esposa, Renée Cuello, de 74 años de edad, 50 años de matrimonio, falleció víctima de un infarto.

Luego de haber ya soportado varias de las criminales intimidaciones llamadas festivamente ´escraches´ por los agentes de la revancha y bastante periodismo decadente, la esposa de Saá fue anteanoche testigo impotente del arresto de su marido por la delegación Mendoza de la Policía Federal.

Una foto en el diario Los Andes muestra en toda su dimensión el semblante acongojado de Renée Cuello, desde la puerta de su casa contemplando la partida del general Saá hacia su lugar de detención. Poco tiempo después la desesperada mujer sufrió una descompensación cardiaca que le causó la muerte.

El militar se enteró en su lugar de detención del fallecimiento de su esposa y después de largas horas de gestiones por parte sus hijos fue autorizado a asistir al velatorio.

Casi al mismo tiempo, el militar pidió el beneficio del arresto domiciliario que le corresponde por ser mayor de 70 años y por tener dificultades para caminar por una lesión en la columna debida a un viejo accidente

No quisiéramos estar en las conciencias del juez Urso y de algunos de sus camaradas de armas.

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* El juez Urso a dispuesto detenciones por un presunto Plan Cóndor, falsamente descripto como persecución de disidentes, en realidad una elemental serie de medidas de mutua ayuda entre gobiernos contra las organizaciones terroristas de Argentina, Chile, Uruguay, Brasil y Paraguay, cuyos miembros se trasladaban impunemente de uno a otro país en sus criminales raids. Para ello el ubicuo juez, impávidamente, ha derribado todas las bibliotecas del derecho, declarando como inconstitucionales leyes del Congreso de 1986 y 1987, ya entonces, hace 17 años declaradas constitucionales por la Suprema Corte de Justicia. Además ha dejado en la banquina la cosa juzgada, la imposibilidad de nuevo juzgamiento por mismas acusaciones, la ley más benigna, la no retroactividad de leyes y tratados, los plazos de prescripción y demás garantías de nuestro derecho y Constitución Nacional. Lo mismo que han hecho otros jueces como sabemos y la Cámara Federal de la Capital, a todas vistas la más afín a los organismos de superficie de denuncias.

* La Corte Suprema en sus conformaciones anterior y actual, al igual que la Cámara de Casación, juegan un patético minué, más político que legal, zigzagueando ante los cambios en los poderes de turno, cajoneando desde hace años las apelaciones por las inconstitucionalidades decretadas por jueces menores federales sobre leyes ya decretadas constitucionales por esa misma Suprema Corte, cajoneando fundados pedidos de excarcelaciones de veteranos combatientes de hace treinta años, fundadas en detenciones de hasta seis años con juicios sin sentencia, juicios todos congelados aun en las etapas iniciales de sumarios previos.

* Miembros de la Justicia y del Poder Ejecutivo impiden la ineludible recuperación de una Comisaría asaltada y desvastada, echan al Comisario impedido por ellos de ejercer su mandato legal, pactan con el líder asaltante, cumplen los pedidos de detención sobre un crimen común ajeno al hecho dictados por el revoltoso, nos mienten a toda la sociedad a través de los medios contándonos una historieta falsa y finalmente, hasta el día de hoy el líder revoltoso no ha sido detenido ni procesado y se pasea por despachos oficiales.

* En contraste, tenemos una jueza federal que, ante una presunta amenaza anónima por mail de Internet contra un conocido diputado, Bonasso, más que amigo del poder, conocido como ex miembro confeso de la criminal banda terrorista Montoneros acaudillada por Firmenich, se apresura a detener, erróneamente además, por diez horas al nieto de un conocido dirigente liberal – horroroso estigma – como sospechoso y luego a un capitán del Ejercito en actividad, prestamente pasado a disponibilidad por sus mandos. Por un mail presunto: a la cárcel; por asaltar organizadamente una comisaría, flagrante delito: al diablo con la ley.

* Colmo de la intrepidez oportunista, una Sala de la Cámara Federal porteña de marras, se ha atrevido a sentenciar que el Congreso puede anular y en forma retroactiva sus propias leyes, poniendo así en arenas movedizas todo el sistema legal argentino, lo basan en casi infantiles vulneraciones de todas las leyes y garantías del estado de derecho y ponen como ejemplo la anulación por el Congreso de Alfonsín de la ley de amnistía del gobierno de facto de 1983; se cuidan muy bien de recordar que esa anulación no llevó de nuevo a la cárcel a todos los terroristas por ella beneficiados, por el elemental principio de ¨los derechos adquiridos¨ y ley más benigna.

* Finalmente, para no hacer más larga esta cadena de miserabilidades, nos enteramos por el diario La Nación, de su peculiar columnista Pablo Morosi, que el gobierno nacional declaro MONUMENTO HISTORICO a una guarida de la organización Montoneros en La Plata y el más que complacientemente oficialista cronista nos cuenta que hubo allí un combate de horas del Ejercito contra cuatro Montoneros que defendían a tiro limpio una casa con una imprenta clandestina y regala nuestro entendimiento explicándonos: que luego de horas de combate contra desproporcionadas fuerzas policiales y militares, la casa quedó muy destruida y en la lucha los terroristas fueron así asesinados....¨.

* Digamos, una clara apología de delitos terroristas por el gobierno y una manifiesta desinformación con manipulación informativa del cronista. Llama la atención ante las recientes y reiteradas convocatorias de ese centenario e ilustre diario a la ética periodística y al respeto a la verdad informativa.

Sintetizando, a delincuentes, piqueteros y terroristas: todo permitido; a los que los combatan cumpliendo sus deberes: todo en contra. Habíamos leído que en regímenes totalitarios como el de Stalin o Hitler, siempre aparecían oportunistas a jugar como comisarios políticos, siendo los conversos los peores; pero es mucho más impactante el vivirlo, como hoy en nuestra Patria.

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¿Quién es Francisco Meritello?

* Piqueteros negociaron con un tal "Pancho", cuñado de Beliz.

* Francisco Meritello es jefe de asesores de Gustavo Beliz en el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, además es su cuñado y operador político desde cuando el actual funcionario ocupaba una banca. Allí Meritello se vio implicado en el primer "escándalo" que afrontó ese cuerpo, luego de que se hiciera pública la gran cantidad de familiares directos que habían sido nombrados por los diputados porteños.

* De acuerdo con lo declarado judicialmente por el comisario Cayetano Greco, ex titular de la Comisaría 24ª asaltada, Meritello se manejó "con una familiaridad sorprendente" en su trato con los agresores que tomaron la dependencia policial, identificándolo como quien "negoció" con los revoltosos que hasta lo llamaban "Pancho".

* Y aseguró que el subsecretario de Seguridad, el ex fiscal José María Compagnoli impidió que la Infantería retomara la dependencia, cuando se dio la orden de hacerlo a los efectivos de la Guardia de Infantería.

* La presentación de Greco se realizó en el marco de la causa en que la jueza de instrucción María Angélica Crotto denunció que las fuerzas de seguridad "desobedecieron" su orden de desalojar la comisaría.

* Greco, estando esa noche en su domicilio, recibió una llamada de la dependencia en la que se le comunicaba que "personas muy violentas, comandadas por (Luis) D’Elía" intentaban la toma de la seccional e incitaban a "incendiar los patrulleros". El oficial agregó que los policías que en ese momento estaban de guardia "tuvieron que escapar por los fondos" mientras abandonaban tras de sí hasta un detenido en un operativo por tráfico de drogas.

* Después de negociar, Compagnoli le habría dicho a Greco que los piqueteros prometían retirarse si se detenía a Juan Carlos Duarte, a quien los activistas adjudicaban el homicidio del piquetero Martín Cisneros.

* El comisario se comunicó con Crotto, quien se negó a detener a Duarte por falta de pruebas adecuadas para proceder a un allanamiento, por lo cual Campagnoli decidió llamar al juez federal Norberto Oyarbide.

* El oficial manifestó en su escrito que fue José María Campagnoli, subsecretario de Seguridad Interior, quien evitó que la Guardia de Infantería recuperase la comisaría tomada, con el argumento de ´evitar la profundización del conflicto´.

* Greco agregó que cuando ordenó a dos grupos de choque ingresar y recuperar el predio, el funcionario de Justicia dijo que "de ninguna manera" se utilizaría la fuerza. Incluso, y siempre de acuerdo con el relato del jefe policial, el director general de Comisarías, Gustavo Ramos, "ordenó también recuperar la sede policial, pero Campagnoli lo atajó".

* Por otra parte, Greco confirmó que hubo comunicación con la jueza Crotto y explicó que ésta le pidió que procediera "según su criterio y de acuerdo a la situación reinante", lo que no pudo hacer porque "en el lugar ya se hallaban superiores jerárquicos".

* El ex titular de la 24ª indicó asimismo que los piqueteros, además de los funcionarios citados anteriormente, negociaban telefónicamente con el secretario de Seguridad Norberto Quantin y con el jefe de la Policía Federal, Eduardo Prados.

* Greco ofreció además doce testigos que dice, corroborarán su declaración. El listado incluye a Oyarbide y Crotto, así como a secretarios judiciales y a funcionarios de la fiscalía barrial de la Boca, que fue la primera dependencia judicial que intervino en la causa.

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4 – Mucho en pocas palabras

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"Gatillo fácil"

"Analizando el asalto a la farmacia del obelisco el jueves último vemos que:

"La policía actuó rápidamente, rodearon el edificio, apresaron al secuestrador, no hubo daños, al delincuente no le creyeron que estaba allí defendiéndola de una banda que la quería incendiar, y conocimos la versión oficial de la Policía Federal, en vez de la del asaltante.

"Con un operativo policial como el de la farmacia del jueves 8 se hubiera resuelto el asalto a la seccional 24 dentro de la ley y los responsables estarían presos.

"No hay duda que fue un flagrante caso de ¨gatillo fácil¨.

[email protected]

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"Los buenos y los malos según el gobierno"

por Roberto Cachanosky

 

La nueva moda argentina es poner todo patas para arriba. En este reino del revés, ya no se juzga nuestros actos de acuerdo a parámetros uniformes para todos. Hoy, dime quién eres y con quién andas, y sólo entonces te diré si lo que haces está bien o mal.

Desde hace poco más de un año se ha establecido en nuestro país, o lo que va quedando de él, un nuevo criterio para definir lo correcto o incorrecto. O, si se prefiere, lo que es justo o injusto.

Este nuevo criterio para medir los comportamientos de la gente no se basa en el principio consagrado de igualdad ante la ley, sino en que las cosas están bien o están mal, son justas o injustas, correctas o incorrectas, dependiendo de quién realice el acto. Como veremos enseguida, para un mismo acto, una persona puede cometer una falta o no según al grupo que pertenezca.

Veamos algunos ejemplos:

1) Si el gobernador de Santa Cruz se niega a traer nuevamente los fondos provinciales que giró al exterior el actual presidente, antes de la devaluación y el corralito, es un acto de defensa de los intereses de la población. Si un exportador no quiere liquidar sus divisas según lo establece la normativa del Banco Central (BCRA), está infringiendo la ley y es un antipatria que quiere mantener su capital en el exterior.

2) Si Gonzalo Alsogaray supuestamente envía un e-mail amenazante a un diputado, es detenido inmediatamente. Si un encapuchado le parte la cabeza a un taxista por querer ejercer su derecho a circular libremente, al encapuchado no le pasa nada porque está ejerciendo su derecho a la protesta social.

3) Si el gobierno no paga la deuda pública, está defendiendo los intereses de la población. Si un contribuyente se atrasa en el pago de los impuestos, lo matan con intereses punitorios.

4) Si Alfonsín dice que hay que reestablecer el orden público, lo que quiere es ver sangre y muerte en la calle. Si Hebe de Bonafini dice que hay que salir a incendiar las comisarías, todos tenemos que sentirnos hijos de las madres de Plaza de Mayo.

5) Si hay un robo en una determinada zona de la Capital Federal o del Gran Buenos Aires, la policía declaró zona liberada para que actúen los delincuentes. Si los piqueteros quieren tomar edificios privados, extorsionar a las empresas o impedir que se cobre el peaje en las autopistas, la policía no debe actuar porque eso implicaría reprimir la protesta social.

6) Si Menem proponía a determinadas personas para ocupar la Corte Suprema de Justicia, quería establecer la mayoría automática. Si Kirchner insiste en nombrar a determinadas personas en la Corte a pesar de todas las objeciones que formularon ONGs, está transparentando la Corte.

7) Si Duhalde lo apoya en la campaña para presidente, es su aliado político. Una vez alcanzado el objetivo, Duhalde pasa a representar la vieja política.

8) Si los empresarios invertían en la Argentina en los ’90, eran unos torpes que estaban mal asesorados. Si los empresarios no invierten hoy en Argentina a pesar del caos social, el desorden público, la incertidumbre política y económica, no acompañan el esfuerzo que está haciendo el gobierno.

9) Si Roger Noriega, el secretario de Estado para América Latina de EE.UU., opina sobre la situación política Argentina, se está metiendo en los problemas internos del país. Si Kirchner se junta con la oposición en Uruguay o Bolivia, está ejerciendo un diálogo amplio con todos los sectores.

10) Si los militares reprimieron la guerrilla en los ’70, hicieron terrorismo de Estado. Si Fidel Castro encarcela y fusila a los opositores, es un estadista de primer nivel que tiene que ser recibido con bombos y platillos.

11) Si el gobierno da una opinión sobre un determinado tema, lo hace en defensa del interés común. Si alguien no está de acuerdo con la postura del gobierno, seguro que está pagado por intereses oscuros.

12) Si Daniel Artana, José Luis Espert, Jorge Ávila, Ricardo López Murphy o Mauricio Macri opinan sobre el gobierno, lo que pretenden es hacerlo inviable porque añoran los ’90 de Menem (destaquemos que ninguno de ellos fue funcionario del gobierno menemista). Alberto Fernández y Gustavo Béliz, que sí fueron funcionarios del menemismo en los ’90, son en cambio leales colaboradores a quienes no les cabe el mote de noventistas.

13) Si en los ’90 el Estado se endeudaba, estaba hipotecando el país. Si el actual gobierno hace que el BCRA aumente un 140% su deuda en un año, está haciendo una política financiera disciplinada.

14) Si en los ’90 había convertibilidad, el tipo de cambio fijo destruía la industria nacional. Si ahora el gobierno mantiene fijo el tipo de cambio desde hace un año con inflación creciente, está en la senda de un tipo de cambio competitivo.

En fin, seguramente este listado de ejemplos puede ser más amplio y, quizás, a algún lector se le ocurran otros ejemplos para enriquecerlo. Pero creo que con estos casos es suficiente para comprender el nuevo criterio de justicia que rige en Argentina. Las cosas no están mal o bien por sí mismas, sino por quién las haga.

La regla es muy sencilla: los buenos son los que piensan igual que el gobierno. Los malos los que piensan diferente.

Así de fácil.

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"Pesificación"

En connivencia absoluta con el Poder Ejecutivo, un mes atrás, un tribunal adjunto a la Corte resolvió que Eduardo Moliné O'Connor fue bien echado de este cuerpo, porque sus fallos eran inicuos, lo que supone la novedad jurisprudencial de que el juez puede ahora ser separado si su fallo no se ajusta a la ideología dominante, aunque no le puedan probar prevaricato, o corrupción alguna, cohonestando el relevo de pruebas.

Anteayer, la Corte Suprema decidió que los contratos no son siempre obligatorios, o sea que no ligan forzosamente entre sí a las partes. En otras palabras, violar contratos puede ser constitucional, fusilando así por la espalda a la ya castigada seguridad jurídica en la Argentina. Si usted puso dólares en el banco, recibe por cada uno $ 1,40 + CER... ¡Y si no le gusta, agua y ajo..!

Nada será mas celebrado en los paraísos fiscales del Caribe porque, en el futuro, va a ser raro que alguien ponga aquí un dólar en un banco, ya que cualquier gobierno podría pesificarlo a un tipo de cambio arbitrario. El razonamiento de la Corte en el caso Cabrera, que debió retirar su depósito por una urgencia a esa tasa miserable, sin protestar, es más o menos éste: si un ladrón le pone a usted un revólver en la barriga y le exige la billetera, y usted se ve forzado a dársela, ¡y bueno, señor, embrómese. Al fin de cuentas, fue Ud. quien se la entregó...!

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