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"ESMA"

Señor Director:

"Con mucha preocupación noto cómo en su afán desmedido por llevarnos de regreso al pasado, el gobierno nacional ha instalado una nueva modalidad de tortura eligiendo para ello a víctimas tan inocentes como las que pretende defender y para mayor coincidencia eligiendo el mismo lugar físico que pretende convertir en predio de la memoria parcial de los argentinos contra el terrorismo de Estado

"Prueba de ello, es el anuncio de la inminente entrega a organismos de derechos humanos de la totalidad de las instalaciones de la ex ESMA, sin importar que en la actualidad allí funcione un complejo educativo como pocos en América latina y, sin lugar a dudas, sin igual en la Argentina.

"Una universidad, con varias unidades académicas, dos colegios secundarios, un simulador de navegación que parece de otra Argentina, escuelas de formación de marinos mercantes, un campus deportivo, instalaciones sanitarias, comedor para alumnos, entre otras muchas cosas, parecen no tener valor para el huracán revanchista e irracional que nos gobierna.

"Desde que al Presidente se le ocurrió la feliz idea de tirar todo esto por la borda para satisfacer su capricho, cientos de empleados, docentes civiles y otros tantos alumnos con edades entre los 13 y los 22 años viven con angustia el no saber qué será de su fuente de trabajo y de su lugar de estudio. Lo que convierte esta situación en una verdadera tortura psicológica para muchísimas familias.

"Es casi infame escuchar a un jefe de Gabinete decir por radio que "hay que tener paciencia, ya veremos", al tiempo que informaba un periodista: "Sabemos que en la ESMA funciona la Universidad de la Marina Mercante, institución privada que nada tiene que ver con el campus universitario naval".

"Más infame aun cuando en la propia familia del señor ministro Fernández existen varios marinos mercantes a los que podría consultar sin que ello afecte su autoridad.

"Espero que estas líneas llamen a la reflexión a quiénes tienen hoy en sus manos la posibilidad de elegir entre volver a enfrentar a los argentinos o tener un gesto de grandeza y contribuir a la verdadera pacificación nacional."

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El debate sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las leyes de punto final y obediencia debida -tema sobre el cual deberá expedirse la Corte Suprema- sigue motivando pronunciamientos en un sentido o en otro.

Desde esta columna editorial hemos fijado muchas veces nuestra opinión. Anular esas leyes de amnistía con efecto retroactivo equivaldría a vulnerar un principio esencial del Derecho y, por otra parte, contribuiría a reabrir las heridas y los enconos ocasionados por el trágico y sangriento proceso que vivimos los argentinos hace más de un cuarto de siglo.

Se suele decir que la violenta represión ilegal lanzada desde las estructuras del Estado nacional contra los integrantes de las organizaciones guerrilleras revolucionarias comenzó en 1976 y fue una consecuencia del golpe militar que derribó al gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón. Las constancias y los documentos de la época demuestran que quienes formulan esa afirmación incurren en una imprecisión histórica.

La represión ilegal o "terrorismo de Estado" se inició, en rigor, durante las presidencias constitucionales que se sucedieron entre 1973 y 1976. Bastaría con recordar, en ese sentido, los múltiples hechos de violencia que produjeron la "Triple A" y otros grupos paraestatales durante los gobiernos de Héctor J. Cámpora, Juan Domingo Perón (tercera presidencia) y María Estela Martínez de Perón. Esos grupos, creados incuestionablemente al abrigo de las estructuras del Estado, persiguieron con saña feroz a los militantes de las organizaciones subversivas. El régimen militar que se instaló en marzo de 1976 continuó con esa aberrante metodología represiva mediante sus grupos de tarea, de tan triste memoria.

Debe recordarse que el máximo referente de la "Triple A", José López Rega, formó parte del gabinete ministerial de los tres presidentes democráticos mencionados. Nadie desconoce el papel decisivo que tuvo ese singular personaje, por ejemplo, durante la masacre de Ezeiza, consumada en 1973 con el apoyo directo de las estructuras del Estado.

Desde luego, nadie puede justificar los actos de barbarie e irracionalidad del gobierno de las Fuerzas Armadas. LA NACION ha condenado siempre todas las manifestaciones de violencia criminal que se sucedieron en las décadas del 60 y el 70. Desde estas columnas repudiamos invariablemente tanto las agresiones de los grupos subversivos revolucionarios como el terror promovido o auspiciado por el Estado antes y después de 1976. Pero creemos que no se ayuda a nadie - a ningún sector- cuando se renuncia a la precisión histórica y se esconde una parte de la verdad para que los hechos sean funcionales a determinadas corrientes ideológicas.

La historia de las naciones muestra -con una frecuencia que entristece- que cuando se desatan procesos sangrientos como los que hemos padecido en nuestro país no existen soluciones mágicas que permitan cerrar las heridas o clausurar las divisiones sociales causadas por la violencia. No hay una fórmula única que ayude a bajar el telón sobre los horrores del pasado.

Los métodos de represión ilegal aplicados masivamente por el gobierno militar dieron lugar en 1984 a un juicio a los responsables máximos de las Fuerzas Armadas, que fueron condenados a severas penas. En cambio, nunca fueron juzgados los responsables de las violaciones a los derechos humanos consumadas en 1974 y 1975, es decir, a los que impulsaron la violencia represiva en su primera etapa.

Es cierto que el propio gobierno que juzgó a los comandantes de las Fuerzas Armadas propuso luego al Congreso la sanción de las leyes de punto final y obediencia debida, que impidieron que se procesara a los culpables de menor rango militar. Y es verdad también que hubo presiones y acciones de propaganda armada para provocar la sanción de esas leyes. No otra cosa fueron los sucesivos alzamientos "carapintadas". Pero es justo reconocer que también existieron en su momento presiones políticas y partidarias para que la represión ilegal lanzada desde el Estado en 1974 y 1975 no fuera juzgada.

Más allá de esas precisiones, creemos necesario insistir en que las naciones tienen el deber de recordar y actuar a partir de su historia, pero no pueden quedar prisioneras de ella ni deben hipotecar su futuro.

Los pueblos no progresan ignorando o negando sus cicatrices, pero si las heridas son manoseadas permanentemente crece la probabilidad de que caigan en un retroceso que les impida avanzar hacia las necesarias metas de reconciliación y unión nacional.

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Con indignación leí el 20 de febrero la carta publicada por el diputado Jorge Rivas criticando el excelente editorial de vuestro diario del día 18 sobre la propuesta de creación de un "Museo de la Memoria" en la ESMA.-

Dice el diputado que durante el Proceso Militar "sólo había 'grupos de tareas' que secuestraban, torturaban y asesinaban con la impunidad que les garantizaba el ejercicio absoluto del poder político y militantes populares, desarmados en su abrumadora mayoría".-

En primer lugar, la guerra antisubversiva no empezó en marzo de 1976, sino durante el gobierno constitucional anterior, pero parece que eso cae en el olvido.-

En segundo lugar, es falso que sólo hubiera grupos de tareas por un lado y "militantes populares" desarmados(!?), por el otro.-

Lo que había eran bandas de terroristas asesinos, muy armados y entrenados en la Cuba de Fidel Castro (a la que, no sólo hay que cobrarle la deuda, sino que habría exigirle indemnización por los daños causados en aquella época). Esos grupos pretendían instaurar una dictadura comunista en este país, como lo prueban los documentos emanados de esas propias asociaciones ilícitas y los diarios de la época. ¿Acaso ellos no asesinaron? ¿Acaso ellos no secuestararon? ¿Acaso ellos no torturaron a sus prisioneros? ¿Acaso sus víctimas no merecen mucho más un museo?.-

Paralelamente, del otro lado había un Estado que debía ejercer el derecho a su legítima defensa, más allá de que pueda haber habido excesos y eventualmente grupos de tareas.-

Además, señala el diputado que sería macartismo señalar la obvia filiación política de los presentes en el acto. No veo por qué. ¿Acaso no pertenecían a organizaciones de filiación claramente izquierdista?. Ellos continuamente demonizan a los "neoliberales" a los conservadores y a la derecha, pero parece que eso está bien, lo que no acepta el diputado es que alguien pueda decir que determinados grupos son de izquierda.-

Señor diputado, o usted padece de hemiplejia ideológica o nos está tomando el pelo.

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"Madre denuncia a Schocklender y Hebe de Bonafini"

Señor Director:

Quiero hacer pública la carta que le envié al presidente Kirchner, que en su parte central dice:

"Me veo en la imperiosa necesidad y obligación moral de poner en su conocimiento un hecho absolutamente infame e inmoral que tiene por víctima a mi hija Madeleine Camille Schneer, de 5 años.

"La niña es hija biológica de Sergio Schocklender, con quien mantuve una relación durante 2 años, quien prometió reconocer a su futuro hijo, brindarle educación, etcétera. En pocas palabras: asumir y cumplir con su obligación de padre.

"Durante el embarazo, Schocklender solventó mensualmente ($140) la cuota de medicina prepaga que me asistió en el parto. A la vez, comencé a ser rechazada en sitios donde habitualmente lo ubicaba: su estudio jurídico y por supuesto la Casa de las Madres de Hebe de Bonafini, con quien mi madre intentó vanamente contactarse, me mandó decir: «Arreglátelas como puedas».

En febrero de 1998 mi madre viajó a Buenos Aires y se reunió con Sergio Schocklender (en compañía de su apoderado), quien negó necesitar prueba biológica alguna y le reiteró sus promesas. Todo nos hizo pensar que mi embarazo debía permanecer oculto. Por ese tiempo comencé a ser presionada por personas del entorno de Schocklender. Eso me hizo hacer pública mi situación, para cubrir mi indefensión y la de mi hija, que estaba en gestación. Cuando, al octavo mes, le informé por carta documento el próximo nacimiento de su criatura, se presentó el apoderado de Schocklender en Tucumán con la novedad de pedirme la prueba de ADN, antes rechazada por Schocklender.

A mediados de 1999, me presenté a la Justicia y radiqué la acción de «Reclamación de estado de hijo extramatrimonial». El padre de mi hija firmó la primera notificación; de ahí en más jamás volvió a firmar las siguientes, no se apersonó en el juicio y lógicamente fue declarado «rebelde».

De los antecedentes del padre de mi hija no me compete hablar porque no estoy calificada, pero sí puedo decir con certeza que su promocionada «recuperación» no es tal. ¿O acaso no es de «hombre bien nacido» reconocer a sus hijos? Y escudarse en la cobarde y vil excusa de la «duda de su paternidad», para continuar con la «organizada y prolija vida» que ostenta.

Y a Hebe de Bonafini -madre adoptiva (según sus propias palabras) del «cuarto hijo que parió de grande», ¿no se le cae la cara de vergüenza al pregonar derechos humanos para gente que dice que no está? ¿Y la que está? ¿Esta señora es presidenta de una Asociación de «madres»? ¿Estoy en el mundo del revés?

Nada es lo que parece. ¿Cómo puede ser que Hebe de Bonafini, madre adoptiva de Sergio Schocklender, no haya movido un dedo para ayudar a la hija de su «hijo»? ¡Con los recursos y medios con que cuenta! ¿Manchará el «limpio prontuario» del abogado -psicólogo-sociólogo administrador- de las Madres una inocente niña de 5 años?

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Acerca de lo ocurrido en la jornada del jueves, gobierno nacional y piqueteros han coincidido en darse por vencedores. En realidad, ambos han salido derrotados.

Los piqueteros estuvieron muy lejos de movilizar las 50.000 personas con que amenazaron, y hubo provincias donde no movieron a casi nadie, salvo para desvaídas y minúsculas manifestaciones.

El gobierno estaba vencido de antemano por su manifiesta cobardía en presentar batalla. Mal puede vencer un ejército que abandona el campo al enemigo. Su consuelo es decir que no hubo violencias. Pero la violencia consistió, precisamente, en forzar a los transeúntes a dar grandes rodeos para eludir un corte de ruta o de calle, y hay hipocresía notoria en tener a estos desmanes por pacíficos.

Un hecho certifica estas conclusiones. Donde hubo firmeza, los piqueteros la respetaron. Fue cuando el juez federal Adolfo Gabino Ziulu, de la capital bonaerense, ordenó a las autoridades competentes mantener libre el tránsito en la autopista de su jurisdicción, que une Buenos Aires con La Plata.

El gobernador de la Provincia acató la decisión y dispuso las fuerzas policiales necesarias para hacerla cumplir. El juez recorrió personalmente la autopista junto con el ministro de Seguridad, asegurándose de que también estuvieran libres de ocupantes las cabinas de peaje. Los piqueteros se limitaron a apostarse en la rotonda que precede a los accesos, como habían prometido antes, en su entrevista con el juez.

Un solo gesto de serena autoridad y los consiguientes recaudos preventivos bastaron para mantener el orden. Vale decir, la autoridad y el valor tranquilo que les han faltado a los gobernantes de la Nación, a todo lo largo de sus enfrentamientos con piqueteros envalentonados por esa misma debilidad.

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