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Índice de la fecha

"Reincidente en el agravio

a sus formalmente subordinados"

El Presidente de la Nación y constitucionalmente Comandante en jefe de las Fuerzas Armadas es contumaz en su inaceptable agresión.

Como la mayoría de los demagogos se atribuye difusos apoyos de toda ´la sociedad´ y no podía privarse tampoco de mencionar ambiguamente no especificadas personas que según él ´amenazan desde las sombras´, .... temblemos de pavor los argentinos.

Posiblemente confunda tales sombras con la propias tinieblas de su ideología pro terroristas Montoneros y sus obsesiones de revancha por la dura derrota sufrida, retrotrayendo irresponsablemente el país a viejos odios de hace 30 años, mayoritariamente olvidados por esa sociedad que invoca en vano y por sus mismos ex camaradas que al menos tuvieron la valentía de combatir.

Desde sus internas montoneras del pasado violento, tienen Kirchner y sus acólitos más cercanos notorias disputas con Mario Firmenich y su entorno, sin percatarse que sin embargo son hoy de hecho y desde el poder de la República abiertos apologistas de los crímenes de los Firmenich.

En cualquier fuerza armada del mundo, cuando se produce un motín o desorden disciplinario en alguna unidad militar el primer investigado y cuestionado es su Comandante, considerado siempre el máximo responsable por omisión o acción. Caben pocas dudas que de provocar algo semejante el señor Kirchener – Dios no lo permita, ya que es lo que justamente buscamos evitar con nuestra predica desde hace más de cuatro años – sería sin duda él el máximo responsable y principal inculpado, con agravantes dada su reiteración pública en la consumación de los hechos.

Veamos la nota, que mejor argumento que los propios dichos del causante:

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´1984´ de Orwell .....

¿solo ficción o realidad argentina?

En el libro ´1984´ de Orwell y su versión cinematográfica, leímos y vimos como un hipotético tirano llamado HERMANO GRANDE (Big Brother) manejaba por medio de aparatos de TV ubicados en todas los hogares, lugares de trabajo y espacios públicos a la masa de habitantes de un imaginario país totalitario.

A esa masa le lavaba el cerebro con continuas, cortas y cambiantes noticias manipuladas por los agentes de propaganda del gobierno, insuflándoles alternativamente sentimientos de irracional amor al déspota u odio a imaginarios enemigos.

La patética realidad argentina de hoy nos muestra un preocupante parecido con esa obra de ficción, con medios formalmente libres pero casi todos llamados a complacencias y hasta ponderaciones respecto al mediocre gobierno de turno de estos días; el arma para conseguirlo es obvia y eficaz ante la crisis económica y sus letales consecuencias en la prensa, esta depende de los créditos de bancos oficiales - u otros dinerillos - como de un respirador de terapia intensiva.

Pero en este cuadro de situación nada halagüeño para la vida republicana se destacan marcadamente los multimedios del casi excluyente emporio informativo Clarín; veamos la nota de hoy en el diario homónimo, un clásico del arte de desinformar, manipular y motivar a una población argentina resentida, empobrecida e intelectualmente a siglos de distancia del nivel que tuvo en educación y normas de conducta desde 1880 hasta 1943, sus años de esplendor.

Hacen juicios. Usan su poder para atacar las reestructuraciones de deuda de los países.

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Editorial: "La izquierda en el derecho

La postulación de Esteban Righi como procurador general de la nación pone fin a un desierto político de 30 años para el cual habla una muy buena razón.

Como ministro del Interior del gobierno justicialista de izquierda de 45 días con Héctor Cámpora en 1973, Righi fue un motor primordial en la decisión de indultar a 371 guerrilleros convictos, al denominárselos ¨presos políticos.

Esto resultó un catalizador decisivo en la evolución de la campaña antiterrorista a convertirse en guerra sucia, ya que le quitó todo respaldo a los efectivos en la lucha contra el terrorismo de acuerdo con la ley, al permitir que todos los guerrilleros judicialmente sentenciados salieran así en libertad.

Esto en modo alguno es excusa para las atrocidades subsiguientemente cometidas en nombre de la lucha contra el terrorismo, aunque ayuda a explicarlas: más importante aun en este caso, le plantea a Righi muchas cosas por las cuales responder.

Los defensores de los derechos humanos no solo deberían indignarse con la dictadura militar sino con gente como Righi, que hizo de la ley una burla.

Ese mortal error debería impedir que Righi volviera jamás a ejercer un cargo público (como ocurría desde hace tres décadas), pero lamentablemente no lo descalificará técnicamente en el proceso de presentación de objeciones que ahora enfrenta.

Tampoco lo inhabilitará para seguir gozando de la jubilación de privilegio de que disfrutó a poco de regresar de su exilio en 1984: 18 años de vida fácil a cuestas de haber ejercido apenas siete semanas un cargo público, incluido el desmanejo de la seguridad para el regreso de Juan Perón, lo cual llevó a la Masacre de Ezeiza entre bandos peronistas rivales en junio de 1973.

Las jubilaciones de privilegio son un mal más generalizado por el cual no puede inculparse a Righi como mero beneficiario. Pero por que alguien en edad de jubilarse (65 años) habría de reemplazar a un hombre cinco años menor (Carlos Becerra, quien ahora pasa al tribunal de arbitraje del Mercosur): ¿es esto lo que el presidente Néstor Kirchner llama renovación política?

El nombramiento de Righi también debe verse en el contexto de otros nombramientos judiciales, especialmente la elección de Eugenio Zaffaroni y Carmen Argibay para la Suprema Corte.

Es totalmente razonable que las preferencias de un gobierno de centro-izquierda están a la izquierda del centro, pero ¿es necesario que todas se den en el extremo mismo del espectro?

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"Acusan al ministro Beliz de ocultar los rechazos a Argibay"

- Candidatura para la Corte Suprema De Justicia -

La Organización No Gubernamental (ONG) Pro-Vida acusó ayer al ministerio de Justicia de ocultar la elevada cifra de rechazos que recogió la candidatura de la jueza Carmen María Argibay para la Corte Suprema. "Ante la magnitud del rechazo por parte de entidades acreditadas y representativas y las más de 14.000 impugnaciones de ciudadanos que ratificaron con su firma el desacuerdo con la postulación, se detuvo, en poco menos de 8.000, la carga y difusión de tales datos en su página www.jus.gov.ar", alertó la entidad.

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"La imagen del País"

Sr. Director:

Si bien es cierto que un país no es necesariamente lo que son sus gobernantes de turno (Alemania no fue Hitler, Francia no fue Napoleón; Rusia no fue Stalin; Cuba no es Castro), su imagen global no puede independizarse de las actitudes públicas de estos últimos.

Las actitudes intempestivas e imprudentes del presidente Kirchner y de muchos de sus funcionarios; la desesperación de los legisladores porteños por mantener sus bancas, que los lleva a burlar la ley vigente para la renovación; los aumentos desmedidos de sueldos de funcionarios en Río Negro; la reticencia en eliminar las listas sábanas en Capital y provincias; la implícita alianza del Gobierno con Moyano, personaje de dudosa reputación; el permanente aumento del gasto público improductivo, disfrazado de reactivación y planes sociales; y otras barbaridades similares; todo esto no pasa desapercibido a quienes, en el exterior, están observando con detenimiento la marcha político-económica de la Argentina.

Se pretende disfrazar al default como una necesidad social, cuando es evidente que es una manera de continuar con el despilfarro y el prebendismo políticos; es decir no cambiar nada de fondo, sino conseguir nuevas cajas.

Es así imposible que alguien, argentino o extranjero, esté dispuesto a arriesgar su capital en inversiones genuinamente productivas aquí.

No creo exagerar si califico a este como el peor equipo de gobierno que ha sufrido la Argentina. Y eso es mucho decir, ya que los hemos tenido pésimos.

Y así como un equipo de fútbol no puede ganar partidos si sólo tiene "pataduras"; una empresa no puede progresar si sus ejecutivos son incompetentes, no se percibe el porqué un país va a salir airoso de una situación tan crítica con dirigentes de cuarta categoría.

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Editorial: "Más desaparecidos"

Dos datos de sumo interés será preciso agregar al currículum del doctor Esteban Justo Antonio Righi como candidato del Poder Ejecutivo al cargo de Procurador General de la Nación.

El primero concierne a la modalidad de la jubilación de que disfruta. Asciende a 3.739 pesos y la percibe desde que cumplió 47 años de edad, en razón de haber sido ministro del Interior de Héctor Cámpora en sus 49 días de mandato. Parece un lapso muy breve y una edad un tanto temprana. Sería portentoso, por lo demás, que hubiera cumplido los treinta años de servicios que la ley común exige para jubilarse.

Pero la ley que pudo haber invocado es la llamada de privilegio, la cual exime de ese requisito a los que se han desempeñado en altos cargos de la administración pública. Es curioso, de todos modos, que el izquierdista notorio de aquel tiempo haya solicitado y obtenido un privilegio ad vitam y de este porte.

El segundo dato es aún más curioso. El mismo Righi figura como "desaparecido" en las listas del documento de la Conadep titulado "Nunca Más". Una condición, igualmente prematura, que no habilita al desaparecido, pero sí a sus familiares, a cobrar la indemnización correspondiente.

Los dos datos merecen una investigación, en especial el segundo y a fondo, pues si bien son famosas las listas de Conadep por su ligereza, aquí se han pasado de la raya.

Sobre este punto lo mismo cabe decir de otro candidato del Poder Ejecutivo, la doctora Carmen Argibay para jueza de la Corte Suprema de Justicia: también para la Conadep es una desaparecida, pero no sus familiares.

Será conveniente que antes de proponer nuevos candidatos, el Poder Ejecutivo pregunte en la Conadep si están con vida, y, de no, averigüe que es de la vida de sus familiares.

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"Hipocresía total"

Señor Director

Con referencia al "escandalete" mediático desatado con motivo de la sospechosa aparición de fotografías que mostrarían procedimientos para adiestrar tropas de elite para estar capacitadas para soportar y sobrevivir a las torturas de todo tipo, entrenamiento basado en experiencias de fuerzas extranjeras, cuyos miembros debieron soportar tal tipo de calvario, sin que nadie hiciera mención a las experiencias propias, tal como se pudo apreciar en los casos de los coroneles Ibarzabal y Larrabure, cuyos cadáveres mostraron las huellas de los tormentos sufridos a manos de asesinos terroristas, quienes hoy, con una dosis increíble de hipocresía, pretenden hacer de la información otro motivo para su permanente ataque a las FF.AA., con el objetivo final de su desaparición.

Como antecedente de la calificación que en su momento merecieron los que - merced a la contaminación en la mayoría de los medios y privilegiadas posiciones - se pretende hacer parecer como "jóvenes idealistas que respondieron a los avasallamientos de un gobierno militar", vale la pena acudir a lo expresado el 13 de noviembre de 1975 por el desaparecido periodista Ronald Hansen en el Buenos Aires Herald, en tiempos que gobernaba la señora María Estela Martínez:

"...Pero otro interrogante que la gente hace constantemente es: ‘¿Que es lo que los induce a hacer estas cosas?’. ‘¿Están drogados o que?’....Una vez incorporado, las perspectivas del guerrillero están cruelmente influenciadas por la absoluta necesidad de olvidar todo aquello que anteriormente era ‘decente’ o ‘humano’....El guerrillero es gradualmente llevado no solamente a odiar la sociedad en que vive, sino que crea que cualquier bestialidad es permitida siempre que promueva los objetivos de la organización...".

 

Por su parte el internacionalmente prestigioso periodista Robert Cox, del cual no hay duda alguna en cuanto a su ecuanimidad, bajo el título "Un lamento por Argentina", escribió en The Observer, de Londres, el 3 de febrero de 1980:

"....Con el advenimiento del pútrido ambiente como consecuencia del desove del terrorismo a comienzos de los setenta, el terror político pasó a ser un hecho de la vida. Las bandas ... degeneraron en asesinos arrogantes, sedientos de sangre.....Dada la crueldad y la magnitud de los grupos subversivos - los Montoneros contaron por lo menos con 10.000 combatientes adiestrados, hasta 100.000 adherentes y por lo menos un millón de gente joven que se conmovía al toque de sus tambores - la respuesta militar, cuando se produjo, casi demasiado tarde, fue forzosamente ruda. Aún cuando los métodos nunca pueden ser justificados, pueden ser entendidos".

 

Varios de los que ahora se desgarran las vestiduras, deformando esa información aparecida en extrañas circunstancias, pertenecieron a organizaciones terroristas en las que sus cabecillas fueron adiestrados en campos del exterior, conocimiento que transfirieron en el entrenamiento local apelando a técnicas y procedimientos de extrema violencia y crueldad, física y mental, a ser aplicados a los capturados y no, como refuerzo de sus propias defensas para soportar vejámenes y torturas. Es decir, que están aplicando a la información, objeto de comentarios y acciones más allá de lo racional, la evaluación correspondiente a sus propios procedimientos. Una extensión del refrán: "El ladrón cree a los demás de su propia condición".

Pero de eso, "no se habla, ni se publica".

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¿Y los 23 muertos de la Provincia de Buenos Aires el día 19?

 

Ssssh! … Chito, de eso no se habla !

Solo por los cinco muertos de Plaza de Mayo hay juicios, … en realidad trasplantados a dicha Plaza, ya que cayeron a varias cuadras alrededor y no allí, casi todos parte de los vándalos que asaltaban e incendiaban comercios, bancos y el McDonald´s de turno al atardecer.

En la Plaza no murió nadie, basta recordar la Tv y releer los diarios de esos días.

Pero la Plaza siempre ¨vende más", la verdad no importa, no sirve intereses militantes o mafiosos.

Si por esos cinco muertos del 20 de diciembre se intenta juzgar a de la Rua, ¿porque no se juzga también al ex Gobernador Ruckauf por los 23 muertos del Gran Buenos Aires el día 19......?

¿Y los comerciantes muertos…. y el muchacho de origen coreano que se suicidó luego de que le destrozaran el comercio, ante las cámaras de TV y con la Policía a 40 metros mirando para otro lado con orden de no meterse….?

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Editorial I: "No reabrir las heridas del pasado"

Abolir normas de pacificación como las leyes de punto final y obediencia debida, cuya constitucionalidad debe decidir la Corte Suprema, nos retrotraería a vivir otra vez en el odio

Uno de los temas más delicados que la Corte Suprema de Justicia deberá resolver en las próximas semanas es el que se refiere a la supuesta inconstitucionalidad de las leyes de punto final y obediencia debida, sancionadas en 1986 y en 1987 por el Congreso de la Nación, como un aporte a la pacificación de la sociedad argentina.

La cuestión comenzó a ser considerada días atrás en el curso de un acuerdo celebrado por los miembros del máximo tribunal. En esa reunión - la primera de ese tipo que preside el actual titular del cuerpo, Enrique Petracchi - se analizaron las distintas vías por las cuales se podría llegar a provocar la invalidez de esas controvertidas leyes de amnistía.

El presidente Petracchi habría invitado a los miembros del cuerpo a acelerar la definición de los casos relacionados con ese grave y desgastante problema, que nos remite una vez más al desgarrador proceso de violencia y criminalidad que padeció nuestro país en los años setenta. Pero parecería existir, hasta el momento, alguna dificultad para que el tribunal se pronuncie en un sentido o en otro, debido a que se estaría registrando un virtual empate entre los votos de los distintos magistrados. Sólo la incorporación de un nuevo juez -hecho que se produciría en marzo o abril- permitiría desequilibrar la votación, en el seno de la Corte, en una dirección u otra.

No hace mucho, el Congreso - a instancias del Poder Ejecutivo - decidió anular las dos leyes. Fue una decisión fuertemente discutida. Muchos se preguntaron - con razón - qué consecuencias prácticas tendría esa anulación, habida cuenta de que en ningún caso sus efectos podrían ser aplicados con carácter retroactivo. Por eso, las miradas se concentran ahora en la Corte Suprema: se espera que el máximo tribunal encuentre el camino institucional que permita obtener lo que el Congreso no pudo lograr: la anulación de ambas leyes con algún efecto práctico.

Como lo hemos dicho en editoriales anteriores, la Corte incurriría en un error y faltaría a su sentido de responsabilidad republicana si declarase la inconstitucionalidad o la invalidez retroactiva de normas legales que hace diecisiete años fueron votadas legítimamente por el Congreso mientras funcionaban en plenitud los tres poderes del Estado.

Las leyes de obediencia debida y punto final constituyeron, más allá de su elíptica denominación, una auténtica legislación de amnistía, no demasiado diferente, en su espíritu y en su contenido, de la recordada ley de 1973 que otorgó la libertad a quienes estaban procesados o condenados por haber formado parte de organizaciones terroristas.

Se puede discutir la oportunidad o el acierto de las normas que el país fue dictando con la intención de cerrar capítulos trágicos y dolorosos de su historia y como una contribución a la reconciliación nacional. Al fin y al cabo, cada ley refleja las cambiantes circunstancias de tiempo y de lugar que se fueron viviendo, así como las relaciones fácticas de cada momento histórico.

Pero una vez aprobadas, esas normas de pacificación no pueden ser abolidas por un voluntarismo que pretende avanzar sobre el pasado. Los ordenamientos jurídicos e institucionales de la democracia apuntan, justamente, a preservar a las personas y a la sociedad en su conjunto de esas coyunturas circunstanciales y de los vaivenes y devaneos del poder político.

La anulación de las leyes -sin precedentes en nuestra historia, por lo menos con las características que se han presentado en este caso- vulnera principios básicos del derecho, como el de la irretroactividad de la ley penal, el de la cosa juzgada y el de la ley más benigna.

Podría llegar a entenderse que fuerzas políticas extremistas, que predican la violencia y aspiran a cambiar íntegramente el sistema político, jurídico y económico de la Nación, propongan la anulación retroactiva de las normas penales. Pero no se entiende que una propuesta de ese tipo provenga de sectores respetuosos de la legalidad, de la Constitución y del sistema de garantías que protege los derechos individuales.

Nuestra sociedad necesita avanzar por la senda de la reconciliación nacional y de la pacificación de los espíritus. Bienvenido cuanto se haga para iluminar el pasado y mantener viva la memoria histórica de los argentinos, pero esas revisiones no sirven si pretenden dar una visión unilateral o parcial de los hechos o si sólo reflejan una cara de la verdad: la que conviene a determinada fracción ideológica.

La violencia de los años 70 obedeció a múltiples causas y fue impulsada desde diferentes sectores del espectro ideológico. Quienes hacen del hostigamiento a las Fuerzas Armadas de la Nación una actividad perseverante y llamativa no deben olvidar que las organizaciones subversivas y terroristas desempeñaron un papel decisivo en la escalada hacia la intolerancia y el horror.

Los argentinos debemos recuperar la verdad sin reabrir las heridas del pasado y, fundamentalmente, sin condenarnos a nosotros mismos a vivir en un país ensombrecido por el odio, la fragmentación social o la destrucción de las instituciones.

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Nota de la R. de Prensa Independiente:

[email protected]  

Nuevo horario: martes de 19 a 20h horas

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"Prensa Independiente" lo hacemos entre todos, no es obra para pocos y somos muchos los miembros de la mayoría silenciosa argentina, ciudadanos con buena memoria histórica y que miramos el presente con ambos ojos, sosteniendo firmemente nuestras ideas republicanas y respetando las ajenas.

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