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"Honor y Gloria

a la memoria del Cabo Primero de la Armada

Juan Contreras"

Señor Director:

El señor Presidente de la Nación y Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, ha decidido crear en las instalaciones que comprendía la Escuela de Mecánica de la Armada un Museo de la Memoria; me alegro que haya llegado la hora de recordar al Cabo Primero Furriel (Post Mortem) Juan Contreras, asesinado el día 17 de noviembre de 1972 en la ESMA, en un motín llevado adelante por el guardiamarina Julio Urien, quien respondía a las fuerzas Montoneras.

Además se podrá recordar al guardiamarina Urien, como el asesino que fue y no olvidarnos de la existencia de Montoneros, ERP y tantos otros grupos terroristas que asolaron a nuestra Patria.

Han egresado de la ESMA centenares de Suboficiales que han hecho grande a nuestra Nación y a la Armada Argentina.

Suboficiales que tendrán por siempre el ejemplo del arrojo demostrado por el valiente Cabo Contreras en defensa de las Instituciones de la Nación y de la Escuela de Mecánica de la Armada.

Las palabras convencen, pero los ejemplos arrastran, por eso, todos los que hemos pasado por las aulas de la ESMA sabemos del orgullo que siente el hombre de mar al ser Camarada del Cabo Contreras, paradigma permanente dentro de la Armada Argentina y de ahora en más fuera de ella.

Dijo el Almirante Brown tras la muerte de Tomas Espora: "Lástima que haya pertenecido a un país que todavía no sabe valorar a sus héroes".

Honor y Gloria a la memoria del Cabo Primero Furriel Juan Contreras y a la de todos aquellos Héroes que han caído bajo el fuego del enemigo terrorista.

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Sr. Director

de Prensa Independiente

He leído que se propondrían tests psicológicos como requisito para los aspirantes a ocupar cargos en la Justicia argentina. Considero, sin embargo, que para la ciudadanía es más provechoso conocer los principios morales y éticos que rigen la conducta de nuestros magistrados que su perfil psicológico.

Así por ejemplo, cuando se presentó la candidatura del doctor Zaffaroni para ocupar un cargo vacante en la Suprema Corte, las impugnaciones fueron determinantes para que este señor, evasor fiscal de larga data, regularizara, aunque en forma no totalmente satisfactoria (no pagó los intereses), sus obligaciones previsionales.

Ante la postulación de la jueza Carmen Argibay para ocupar otro puesto en nuestro máximo tribunal, sería deseable que la magistrada aclare por qué figura como desaparecida desde 1976 en el libro "Nunca Más" de la Conadep. Esto es importante, debido a otras 'resurrecciones' recientes, como la de un juez de Morón envuelto en un resonante caso contra un sacerdote, que no pudo convencer a la audiencia de una radio porteña de las razones por las que está incluido en esos listados. A ello se agrega el actual candidato a la Procuraduría General de la Nación, Esteban Righi, también desaparecido-aparecido.

Estimo que para ocupar cargos en la función pública, y muy especialmente en la Justicia, no es suficiente con 'ser bueno' sino que también es imprescindible 'parecerlo'. En el caso de Argibay la cuestión es aún más seria, ya que en el sitio web del Ministerio de Justicia (www.jus.gov.ar) se ha expuesto el currículm vitae de la candidata. Ahí nos enteramos, por ejemplo, que Argibay nunca alcanzó un doctorado, ni en Argentina ni en otro país, por lo que nos preguntamos si el título de "abogada" es suficiente para el cargo para el que se la propone. También hay otro dato interesante: el 1º de enero de 2002, la jueza se habría acogido a los beneficios de la jubilación, aunque entre 1975 y 1984, es decir durante nueve años consecutivos no figura ejerciendo ni en la función pública ni en el ámbito privado.

Si el presidente Kirchner pretende hacernos creer que está a punto de instaurar "un país en serio" -que solventaremos, como siempre, con nuestros impuestos- los ciudadanos tenemos derecho a ser exigentes y a demandar de nuestros jueces la mayor transparencia y honestidad posibles, con o sin estudios psicológicos, ya que no solamente nos veremos obligados a pagar sus altos sueldos sino que además deberemos sufrir las consecuencias de sus resoluciones y sentencias.

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Responsablemente alertamos tanto a los venezolanos como a la comunidad internacional acerca de los intentos del Gobierno de Chávez Frías por cerrar las salidas constitucionales y la posibilidad de encontrar una salida negociada hacia un gobierno de transición. Solo están dejando el camino de la violencia, dando de esta manera la razón a los partidarios de esta vía en ambos lados, que solo esperan la señal para batirse en las calles y que el país se precipite en una crisis similar a la que vive el hermano pueblo de Haití.

"El camino de Haití"

por Ismael Pérez Vigil - Politólogo

Para quienes creemos en la vía democrática para salir de la crisis que vive Venezuela, es muy lamentable y triste llegar a la conclusión de que el Gobierno esta cerrando todas las puertas a una salida pacífica y constitucional y pareciera dar la razón a los que creen que la violencia es la única salida.

Obviamente es comprensible que este gobierno enceguecido, cuya única finalidad es mantenerse en el poder a cualquier precio, haga lo que esta haciendo para mantenerse en el poder; pero, si el CNE toma el riesgo de desconocer nuevamente la voluntad popular, sobre ellos recaerá también la responsabilidad de lo que pase.

Con la anuencia del CNE, el Gobierno se prepara para dar un zarpazo definitivo, argumentando que las dos millones de firmas fueron elaboradas de manera irregular por la oposición.

Esta es la situación planteada ahora, a la cual el Gobierno se aferra como a un clavo ardiente, sumamente peligrosa. El propio Presidente de la República ha lanzado una virulenta campaña de intimidación y provocación contra la oposición, amenazando con represión e incitándola a que se rebele; contra el Gobierno de los Estados Unidos, acusándolo de conspirar para dar un golpe de estado en Venezuela; contra los observadores de la OEA y el Centro Carter, apelando a conceptos de "soberanía" y "dignidad nacional" para inhibirlos de que se pronuncien.

El Gobierno dice acerca de que cuenta con el apoyo mayoritario de la población y podría no solo salir victorioso de una contienda revocatoria, sino de cualquier otra contienda electoral. Sí esto fuera así, ¿Por qué no ha aceptado la medición electoral, de lo cual saldría así relegitimado y fortalecido?.

Solo esta dejando el camino de la violencia, dando de esta manera la razón a los partidarios de esta vía, en ambos lados, que solo esperan la señal para batirse en las calles y que el país se precipite en una crisis similar a la que vive el hermano pueblo de Haití.

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¿Quién protege a los ciudadanos?

Hasta hace poco tiempo los señores piqueteros decían ser la representatividad de los indigentes, de aquellos que presuntos sistemas perversos económicos y políticos arrojaron afuera de la dignidad del trabajo, la vivienda y la salud, y hacia el hambre para ellos y sus hijos. El ex presidente Duhalde y su hijo - no tan pródigo - Kirchner, alentaban desde todos los ángulos su presencia en las calles y los cortes de rutas.

Poco a poco, cuando además desde el gobierno se determinó que los bulliciosos y encapuchados "indigentes" no podrían ser alcanzados por el Código Penal, estos "apretaron" sus ínfulas de recibir dineros y protección desde ese mismo gobierno, ya que por voluntad de nuestro presidente se despenalizó de hecho cualquier acto delictivo.

Hemos visto lo ocurrido estos días con la segunda toma del Ministerio de Trabajo, la usurpación de la Avenida Alem durante 6 días y la cobarde actitud de golpear en patota a mujeres, trabajadores y a sus vehículos, solamente por intentar hacer uso de su legítimo derecho de transitar libremente.

Pero lo realmente calamitoso y que ingresa en el delito de incumplimiento de los Deberes de Funcionario Público, fue la actitud pasiva de la policía cumpliendo estrictas directivas superiores.

Uno de los agresores - quien lucia en su cuello una bandera con una estrella semejante a la que identificaba a Montoneros - se subió al techo de un vehículo, mientras otro rompía las ventanillas.

La postulación de Esteban Justo Righi (abogado personal del presidente) para el cargo de Procurador General de la Nación, la de Ángela Argibay para la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la pasividad de la autoridad pública en reprimir los delitos "in fraganti" por expresas directivas superiores, nos permite hacernos angustiosamente las preguntas del encabezado

..... ¿Quién protege a los ciudadanos?.

 

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La autora de un informe de Naciones Unidas sobre los derechos humanos en Cuba denunció que la detención de 75 disidentes el año pasado inauguró una "ola de represión sin precedentes" en la isla.

En el trabajo que preparó para la próxima sesión anual de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, prevista para marzo, la jurista Christine Chanet señala que los disidentes fueron procesados y condenados luego de pocas semanas o inclusive días de su arresto el año pasado y que los juicios fueron a puertas cerradas.

Chanet observó que la represión fue una consecuencia del deterioro de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, pero insistió en que "las autoridades cubanas tienen el poder de poner fin a las restricciones".

Los 75 disidentes fueron condenados en abril a entre 6 y 28 años de cárcel acusados de colaborar con diplomáticos de Estados Unidos para socavar el sistema comunista cubano. Tanto los diplomáticos como los disidentes negaron las acusaciones.

El régimen castrista se negó a permitir que Chanet visite la isla, por considerar que tal visita sería una violación de su soberanía. El gobierno también se negó a responder a los numerosos reclamos de indulto para los disidentes.

Chanet, quien preparó su informe en base a reuniones con activistas, investigadores de grupos de derechos humanos y otros gobiernos, declaró que tiene información de que los disidentes se hallan en condiciones deplorables, ya sea en aislamiento total o hacinados en celdas con "delincuentes comunes".

La delegada también manifestó su preocupación por la ejecución el 11 de abril de tres cubanos que habían secuestrado una lancha para huir a Estados Unidos.

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La decisión del gobierno nacional de erigir un "museo de la memoria" en el predio de la ex Escuela de Suboficiales de Mecánica de la Armada (ESMA), en la Avenida del Libertador al 8000, no parece la más adecuada para que el país avance hacia la superación de los trágicos enfrentamientos que dividieron a la sociedad argentina en el pasado.

Un "museo de la memoria" podría tener sentido si estuviera destinado a reconstruir ese oscuro proceso de violencia con imparcialidad y sin visiones unilaterales y sectarias. Habría que recordar, en tal caso, con total equidistancia, los crímenes que se perpetraron desde ambos extremos del espectro ideológico. Habría que mostrar no sólo las violaciones a los derechos humanos cometidas por quienes ejercieron el poder a partir del 24 de marzo de 1976, sino también los asesinatos ejecutados por las bandas del terrorismo subversivo y, desde luego, los abusos de toda clase en que incurrieron los gobiernos entre 1973 y 1976. Es evidente que el proyectado "museo de la memoria" no apunta en esa generosa y constructiva dirección.

El solo hecho de que se lo pretenda emplazar en los terrenos de la ex ESMA, y la obvia filiación política de quienes estuvieron días atrás en la Casa Rosada junto al Presidente y al secretario de Estado, Eduardo Luis Duhalde, el día en que se lanzó la iniciativa revelan claramente cuál habrá de ser la orientación ideológica del inminente museo.

Es indispensable que las autoridades se sitúen por encima de las antinomias y los odios del pasado. No se deben seguir alentando visiones o interpretaciones históricas que dividan a la sociedad. Los argentinos debemos marchar, de una vez por todas, hacia la plena reconciliación nacional y hacia la construcción de la patria del futuro, que no debe estar ensombrecida por los errores y los extravíos de un tiempo de violencia que afortunadamente ha quedado atrás.

Por otra parte, no se ha tenido en cuenta que en el predio de la avenida del Libertador funciona actualmente una decena de institutos educativos de la Armada y del ámbito marítimo, en los cuales estudian hombres y mujeres cuyas edades oscilan, en su mayoría, entre los 12 y los 21 años. Esos centros de enseñanza conforman un espacio cultural de excelencia dedicado al conocimiento y a la investigación de las múltiples disciplinas vinculadas con el arte de navegar.

Debe hacerse notar que cuando la Municipalidad transfirió esos terrenos a la Armada, hace varias décadas, se estableció -y ése fue el condicionamiento o cargo de la donación- que debía ser destinado a escuelas modernas, en las cuales se formase la juventud.

Ahora, esos institutos educativos se verán abruptamente privados de los ámbitos en los que desenvuelven sus actividades. Será difícil no percibir ese gesto como un nuevo hostigamiento hacia las instituciones armadas de la Nación.

A estas alturas, no debería insistirse con aquellos procedimientos, ni debería ignorarse que en los últimos veinte años esas fuerzas históricas, previstas por la Constitución Nacional como instituciones indispensables e irreemplazables para la Defensa, han servido al país y a la democracia con genuina vocación de servicio y se han mantenido completamente alejadas de los procesos de politización que en otro tiempo las desviaron de sus cometidos y de sus responsabilidades institucionales.

La República necesita marchar hacia la definitiva reconciliación nacional, no hacia una nueva etapa de revanchismos y recriminaciones recíprocas que reabra las sangrantes heridas ocasionadas por los episodios de la década del 70.

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"Prensa Independiente" lo hacemos entre todos, no es obra para pocos y somos muchos los miembros de la mayoría silenciosa argentina, ciudadanos con buena memoria histórica y que miramos el presente con ambos ojos, sosteniendo firmemente nuestras ideas republicanas y respetando las ajenas.

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