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En La Prensa del domingo 22 de febrero se lee que el embajador argentino en España, Abel Parentini Posse, será reemplazado próximamente por el fiscal de la Cámara Federal de Bahía Blanca, Hugo Cañón, a quien se menciona como un "defensor de los derechos humanos", pero cuya trayectoria en el servicio exterior argentino es desconocida por inexistente.

Considero que ya es tiempo de que los cargos diplomáticos sean llenados por quienes han seguido con esmero y sacrificio la carrera y esperan su merecido ascenso en el escalafón, y no por los amigos del presidente de turno que invariablemente ocupan ciertos destinos "de privilegio", como ocurre con nuestras embajadas en Washington, Paris o Roma, por citar sólo algunos ejemplos.

Está a la vista que, a pesar de querer convencernos de lo contrario, el presidente Kirchner persiste en los vicios de la vieja política, "premiando" a sus antiguos compañeros de militancia y "puenteando" a los argentinos que siguen la carrera diplomática con auténtica vocación de servicio. De esta manera, el primer mandatario, en su afán de mostrarse ante el mundo como el paladín de los "derechos humanos", desprestigia olímpicamente a nuestro servicio exterior con este tipo de 'embajadores a dedo' (que dudosamente cumplirán su misión con eficiencia), mientras subestima, también olímpicamente, a los gobiernos que tendrán a estos personajes improvisados como destinatarios.

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"Derechos humanos: ¿hay confusión?"

por Jorge Grecco

María Belén Schneer supone, por alguna razón, que el presidente Néstor Kirchner la puede ayudar a convencer a Sergio Schoklender para que reconozca su paternidad sobre Madeleine Camille Schneer, una nena de cinco años que, según la señora Schneer, es fruto de su relación con el señor Schoklender.

El pedido de ayuda al Presidente llegó por carta a la Casa Rosada y a varios medios de comunicación el miércoles (el diario Ambito Financiero la publicó ayer), mismo día en que Kirchner volvió a recibir en su despacho a la presidenta de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini.

Bonafini, como es público, adoptó a Schoklender luego de que éste recuperó la libertad. Schoklender mató a sus padres, fue a la cárcel y, como suscribiría el juez de la Corte Raúl Zaffaroni, se reinsertó en la sociedad ("abogado-psicólogo-sociólogo-administrador", enumera Schneer al referirse a Schoklender). "Me veo en la imperiosa necesidad y obligación moral de poner en su conocimiento un hecho absolutamente infame e inmoral", escribió Schneer a Kirchner.

La dama, en su carta, menciona los "derechos humanos" que defiende Bonafini y lo hace así: "No se le cae la cara de vergüenza al pregonar derechos humanos para gente que dice que no está? ¿Y la que está?".

Es improbable que los argumentos de Schneer encuentren algún oído dispuesto a escuchar en la Casa Rosada. Por un lado, porque se trata de un tema personal que debería resolverse en otros ámbitos. Pero, por el otro, porque el Gobierno se lleva de maravillas con Bonafini.

Y, como si eso fuera poco, la contención presidencial que recibe Bonafini ya dio sus frutos políticos. "Ahora el sistema tiene cosas que están bien y hay que reconocerlo", le dijo a Infobae la misma mujer que no hace mucho se ubicaba en el sector más intransigente de los organismos de derechos humanos. Bonafini, por caso, llamó "asesino" al teniente general Martín Balza, actual embajador del Gobierno en Colombia.

Con Bonafini de este lado del mostrador podría suponerse que el Gobierno tiene ganada la batalla en el terreno de los "derechos humanos", callada la voz que alguna vez festejó el atentado contra las Torres Gemelas y ahora no emite siquiera un susurro cuando Kirchner se reúne con "el invasor de Irak". Sin embargo, no es así.

Elisa Carrió, por ejemplo, se entusiasmó con una denuncia contra el candidato del Gobierno a la Procuración General, Esteban Righi. Una organización defensora de los derechos humanos puso en la mira a Righi porque asistió legalmente al sindicalista de los mecánicos José Rodríguez en una causa en la que se investiga la desaparición de obreros que trabajaban, en la década del ’70, en Mercedes Benz (una curiosidad: en los ’80, SMATA, el gremio conducido por Rodríguez, cobijó y financió a buena parte de la militancia peronista de centroizquierda).

Que Righi y el Gobierno sean corridos por izquierda en temas como éstos es casi inexplicable. Righi fue ministro del Interior del presidente Héctor Cámpora, uno de los responsables directos de la amnistía que vació las cárceles de militantes de Montoneros, ERP y otras organizaciones armadas y se exilió en México cuando José López Rega se hizo fuerte en el gobierno de Juan Domingo Perón. Una foja que, en estos tiempos políticos, resulta intachable. Carrió, sin embargo, se encargó de mancharla.

¿Qué contestó el Gobierno? El jefe de Gabinete, Alberto Fernández, metió el cuchillo hasta el hueso: "Ella no se preocupó por la Masacre de Margarita Belén cuando era funcionaria judicial en el Chaco", le dijo a Clarín.

Carrió, en efecto, trabajó en el Poder Judicial chaqueño durante la dictadura, pero hasta ahora ese dato sólo era utilizado como especie de último recurso entre quienes intentaban lastimar a la ex diputada (Julio Strassera, acusador de los ex comandantes del gobierno militar, había probado similar medicina cuando Kirchner le arrojó un "fue fiscal de la dictadura" desde la Casa Rosada, al responder una crítica del ex fiscal federal. Zaffaroni también fue juez durante la dictadura, lo mismo que la jueza y candidata a la Corte Elena Highton de Nolasco).

¿Se asemeja en algo el caso Righi con lo que sucedió, en el amanecer de la gestión kirchnerista, con el procurador del Tesoro Carlos Sánchez Herrera, echado por ser abogado de un represor?

Esta semana, en el diario Página 12 (que destapó el caso Sánchez Herrera), se publicó lo siguiente: "A favor de Righi, quien pudo regresar al país recién en 1984, un miembro del Gobierno aseguró que ‘no defendió a ningún represor sino a un dirigente sindical que también fue perseguido y que no fue procesado’ por la Justicia. Señaló, además, que la defensa de personajes cuestionables es en parte la tarea de los abogados penalistas".

La defensa de Righi que ensayó el Gobierno no permite siquiera una comparación, pero los acusadores del ex ministro se muestran dispuestos a continuar la pelea: ya hicieron una presentación oficial en la Cancillería y, entre otros, fueron atendidos por el vicecanciller Jorge Taiana, preso durante la dictadura, hijo del médico personal y ex ministro de Perón.

Taiana padre también fue ministro de Héctor Cámpora, como Righi. La causa Mercedes Benz, como recordó Ambito Financiero, está en manos de la cámara federal de La Plata. Uno de sus integrantes es Leopoldo Schiffrin, ex subsecretario del Ministerio del Interior durante la gestión Righi (el mito de la "servilleta" se inventó antes de los ’90, parece).

Los intereses superpuestos, las viejas amistades, los rencores históricos y todo lo que se puede acumular en la Argentina durante treinta años si alguien se dedica a la política, son algunos de los condimentos que se deberán combinar con cierto esmero para que la candidatura de Righi a la Procuración avance sin problemas.

Todavía, sin embargo, nadie debería cantar victoria. El ministro de Justicia, Gustavo Beliz, dijo ayer que "es el propósito firme, indeclinable, de una convicción muy profunda del señor presidente de la Nación y de su gobierno, no consentir ningún tipo de permanencia de funcionarios en los máximos niveles de responsabilidad en los poderes del Estado que impliquen un rozamiento, un compromiso o una connivencia de violación a los derechos humanos".

No se refería, claro está, al caso Righi, como hubieran deseado sus acusadores. Dijo eso al explicar por qué Kirchner le aceptó la renuncia al camarista federal salteño Ricardo Lona.

El juez había sido absuelto, el miércoles, por el Jury de Enjuiciamiento del Consejo de la Magistratura.

Estaba acusado de una serie de cargos relacionados con violaciones a los derechos humanos y para evitar el proceso judicial había presentado su renuncia, pero el presidente Kirchner no la aceptó.

Lo defendió Andrés D’Alessio, ex integrante de la cámara federal que condenó a los ex comandantes de la dictadura.

También lo apoyó el actual presidente de la Corte Suprema, Enrique Petracchi, quien declaró que Lona "fue un juez independiente que no permitió ninguna intromisión del gobierno militar en su labor".

El miércoles, durante la sesión en que se informó que Lona no sería destituido, junto a los acusadores (sobrevivientes y familiares de víctimas de la llamada Masacre de Palomitas) se sentó Carrió (acusada por el Gobierno de "no preocuparse" por la Masacre de Margarita Belén).

Conocido el fallo absolutorio, ahora sí, Kirchner ayer le aceptó la renuncia.

Las idas y venidas, no sólo en los actos sino hasta en ciertos conceptos, son parte de los dilemas que enfrenta el Gobierno en una materia sensible como es la de los derechos humanos, a pesar de los esfuerzos por mostrar que existe "una política", que se sabe qué hacer. Las organizaciones parecen sufrir el mismo déficit.

Lejos están los tiempos de la comodidad que brindaba la oposición: una vez más la cercanía al poder, o el ejercicio mismo del poder, se encarga de poner algunas cosas en su lugar.

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¿Cómo un diputado de la Nación puede ignorar?

Después de leer la carta de Jorge Rivas en La Nación de hoy me pregunto con indignación cómo un diputado de la Nación puede ignorar la muerte de miles de personas - incluso de niños - a manos de los guerrilleros que en la década del 70 asolaron a nuestro país.

Entiendo que este señor, por la edad, no vivió aquella época, pero sería bueno que se informara mejor - mucho más antes de hablar en nombre de "la inmensa mayoría de los argentinos".

El diputado Rivas critica la editorial de La Nación diciendo que no hubo dos bandos, que la mayoría de los militantes estaban "desarmados". Si fuera así ¿cómo es posible que familiares y amigos que vivían en ese entonces en Avellaneda (un barrio lleno de guerrilleros) escucharan casi todas las noches tiroteos que duraban largas horas? ¿Me va a decir este diputado que los militares se tiroteaban entre sí?

Lo único que le pido al diputado - que no me representa en absoluto - es que no le falte el respeto a los muertos y a los familiares de los muertos por la subversión.

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Tiene usted toda la razón, pero no espere otra cosa del diputado Jorge Rivas, por razones ideológicas él dedica su actividad política casi en exclusividad a la manipulada bandera de derechos humanos que merecen mejores destinatarios y representantes por cierto. Es parte del elenco estable de la revancha permanente.

La carta del diputado es una acabada muestra de deformaciones históricas y es notoria su simpatía por el bando derrotado por las Fuerzas Armadas. Gracias a esa victoria existe la República, la cual garantiza a esta persona usar su libertad aunque sea de esta destructiva manera, que repudiamos los argentinos con verdadera memoria.

Que use él su libertad de opinión como le plazca, pero tendrá que soportar que nosotros usemos la nuestra; saludos y felicitaciones por su carta amiga

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"Más delincuentes en organismos oficiales"

Sr. Director:

La autoproclamada impoluta Graciela Ocaña, designó al terrorista Julio Cesar Urien para dirigir la seccional San Martín del PAMI. La información publicada al respecto agregaba que el mencionado ex-marino se "negó a participar de la represión ilegal y después fue montonero".

Esto es falso. Urien fue el organizador y conductor de un intento de copamiento en la entonces Escuela de Mecánica de la Armada, donde prestaba servicios como Oficial Subalterno -Guardiamarina - de la Fuerza. Este traidor a su uniforme comandó aquel intento, que se produjo pocas horas antes de la llegada de Perón al país, a fines de 1972. El objetivo de Urien era tomar el armero (depósito de armas) del instituto para luego distribuir esas armas entre otros miembros de la organización criminal a la que pertenecía (¿o pertenece?).

En el intento de copamiento resultó asesinado por el mismísimo Urien el Cabo 1° Furriel Juan Luis Contreras, que cumplía funciones en la guardia principal del instituto e intentó - tal cual lo obligaba su deber de soldado - defender su unidad incluso a riesgo de su vida.

En síntesis, Urien era montonero ya en 1972, fue detenido por homicida y por pertenecer a una banda asesina, y estaba preso cuando el Gobierno Constitucional de Isabel Perón ordenó a las FFAA aniquilar a la guerrilla. Mal se puede haber negado a participar en represión alguna, entonces, tal cual nos quieren hacer creer desde el PAMI.

Las noticias falaces sólo sirven a los interesados que pretenden que la "memoria colectiva" sólo recuerde lo que a ellos - partícipes directos o indirectos de crímenes como el del Cabo Contreras - les conviene. Por eso, también, se dedican a crear museos...

Atentamente.

Nota de la R.: razones indiscutibles esgrime el lector Zaratiegui. En 1975 durante el gobierno de Isabel Martínez, el entonces ya ex guardiamarina y flamante clandestino Oficial Segundo Montonero Julio Cesar Urien, fue detenido por la Policía mientras cumplía un ´arresto´ impuesto por la conducción terrorista, consistente en cavar a pico de pala una cueva como futura cárcel del pueblo¨ en la casa de otro militante. Al ser allanado el lugar también cayó Urien, preso de la justicia hasta 1983. ¡Pueden estar tranquilos los afiliados, ahora el PAMI estará mejor que nunca con este sujeto de tales antecedentes ´profesionales´!

 

Prensa Independiente

 

 

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"Acá hay que analizar si a la ciudad le conviene tener un aeropuerto, pero no la cercanía del Aeroparque con las rutas o las calles, porque a todos los aeropuertos se llega por tierra. Siempre habrá una calle cerca de un aeropuerto", opinó el Jefe de Gobierno Aníbal Ibarra.

"El tema, de todas maneras, lo está discutiendo la Nación con Aeropuertos Argentina 2000", agregó.

Acotamos: Es verdad Maese Ibarra, muy perspicaz de su parte, los aeropuertos suelen estar en la superficie terrestre y se llega a ellos por calles o avenidas....... Pero normalmente no hay una avenida de intenso trafico más una estación de servicios de combustibles para vehículos o un restaurante, todos entre diez y treinta metros de la cabecera de pista, ... se suelen dejar cientos de metros de terreno libre para escape en casos de accidentes ...claro, eso pasa en los decadentes países neoliberales del horrible primer mundo o en los países algo más pobres pero maduros, que cuidan los DDHH de los ciudadanos y no de los terroristas, delincuentes y demás yerbas.

 

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"Escasa disposición al estudio"

El fracaso experimentado por los estudiantes para ingresar en la Universidad tiene como origen causas particulares y generales. En las primeras, yo diría que está la escasa predisposición al estudio, a la lectura, a cultivarse de los jóvenes, quienes son atraídos por el exitismo y el facilismo. En lo general, está la ausencia de valores éticos y el retraso intelectual de toda una sociedad.

Estamos en veinte años de mediocracia, donde desde las instituciones del pensamiento y la formación se echaron a patadas a las credenciales académicas. La producción y difusión del conocimiento se ha desvalorizado y hoy se consumen más la palabra "autorizada" del filósofo Maradona o las enseñanzas de Rebelde Way.

Si miramos al Estado, ahí encontramos la nada. La ideología que nos gobierna desde hace 14 años, dentro de su doctrina, jamás tuvo a la educación como hito preponderante. La actual vicegobernadora, señora Graciela Giannettasio, corresponsable de una mala política educacional en la Provincia, ahora trata de deslindar responsabilidades y pide "calidad institucional y enseñar y aprender más", y es quien ocupara dos ministerios de Educación con más pena que gloria.

El entonces gobernador Eduardo Duhalde, en aquellos tiempos, inauguraba muchas y costosas escuelas, con computadoras donde no había electricidad ni los servicios más esenciales, algunas aún sin terminar. Esta fue la reforma educativa que llevaron a cabo.

Marcos Aguinis escribió sobre los "gatopardistas" que, con las políticas educativas, hicieron mucho ruido y prometieron grandes cambios, pero no cambiaron nada. Si hoy, no obstante, la cantidad de aspirantes a ingresar en la Universidad no decae se debe al desempleo estructural y a la inexistencia de un mercado laboral para los jóvenes, lo que hace que éstos se refugien en el estudio a la espera de un mejor panorama.

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