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Índice de la fecha
1
- "De nuestra memoria...." - Se
cumplen 31 años de la muerte
del entonces Teniente Coronel Duarte
Hardoy, Segundo Jefe del
regimiento 1 de Infantería Patricios, abatido en combate.
2
- Carta de lectores del Dr. Florencio Varela: “Alzándose
contra la Constitución y la jurisprudencia de la propia Corte, han
destruido al estado derecho”.
3
- La Nueva Provincia - Otras voces: “Blumberg
y Carlotto”, por el Dr.
Víctor E. Ordóñez.
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1
– "De nuestra memoria...." Ante
las mentiras de los falsos defensores de derechos humanos, la contundencia de
los datos históricos sobre la salvaje guerra civil revolucionaria de los 70´.
Recibido
de: ¨La década del 70¨
http://www.ladecadadel70.com.ar
Se
cumplen 31 años de la muerte del
entonces Teniente Coronel Duarte
Hardoy, Segundo Jefe del regimiento 1 de Infantería Patricios, que fuera
abatido en combate durante la
recuperación del cuartel del Comando de Sanidad del Ejército, atacado y
copado por la organización terrorista Ejército Revolucionario del Pueblo
(ERP).
Los
antecedentes, el asalto y la toma del cuartel, la reacción de las Fuerzas
Legales, el alerta general y la rendición posterior, reflejan el cuadro de
situación de uno de los tantos episodios, que hoy a 31 años de su realización,
muchos pretenden minimizar y algunos mas, olvidar y
hasta considerarlos como inexistentes.
Es
por ello, que frente a estos momentos de angustia, de dolor y hasta de
ocultamiento de los hechos que son verdades del pasado, se hace necesario
traer a la memoria y releer esos acontecimiento con el firme propósito de
continuar asumiendo con hidalguía y certeza la realidad de lo que fue la
triste y despreciada, para algunos, década del 70.
El
Teniente Coronel Duarte Hardoy, ascendido con honor en el campo de combate
al grado superior, es un ejemplo para todos militares y civiles que con
empeño y valor, cada uno en sus funciones, supo enfrentar a aquellos que con
intereses ajenos a nuestra nacionalidad pretendieron cambiar los destinos de
la patria.
Los
sucesos están detallados en múltiples documentos que tenemos la obligación
moral de leer y recordar, no solo por ser un
acontecimiento trascendente de nuestro pasado, sino para brindarlo a
todos aquellos que quieran tener un conocimiento cabal de lo acontecido.
Ver:
http://www.ladecadadel70.com.ar/sitio1/tdesarrollados.html
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2
– Carta de lectores del Dr. Florencio Varela
San
Isidro 1 de setiembre de 2004
“Alzándose
contra la Constitución y la jurisprudencia de la propia Corte,
han
destruido al estado derecho”
Señor
Director
“En
el fallo de la Corte que recientemente declaró la imprescriptibilidad de las
acciones por los delitos de lesa humanidad:
·
se dijo que la ratificación en años recientes de la Convención
Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas reafirmó por vía
convencional el carácter de lesa humanidad que desde antes de ocurridos los
hechos juzgados condenaba el derecho internacional;
·
se sostuvo que la “costumbre” internacional ya consideraba
imprescriptible esos delitos,
·
para agregar que lo establecido por el derecho internacional era
vinculante para el Estado Argentino.-
Desde
la sanción de la constitución en 1853, todos los tratadistas sin excepción,
incluido Zaffaroni como veremos, han reconocido
la garantía que se sustenta en el principio de legalidad por la cual nadie
puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del
proceso.-
Ricardo
Nuñes decía que
·
nuestro orden constitucional exige que la ley sea una regla
escrita y general pues solo ella podrá
proporcionar a los habitantes las seguridades de tener delante de los ojos
especies de delitos exactamente determinados y penas delimitadas con igual
exactitud,
·
agregando que toda norma que no reúna esas características o
que no haya sido sancionada y promulgada por el Congreso, no
puede ser reconocida como fuente válida de infracciones y de penas,
·
concluyendo que el derecho “consuetudinario” no podría ser
fuente legítima del poder represivo por no ser
escrito o por no emanar del poder legislativo.-
E.
Raúl Zaffaroni en su tratado de Derecho Penal, parte general, pags.102, 112 y
113, dice:
·
que el Estado de policía tiende a
ampliar el ámbito de la ley dándole ese carácter a la moral y a la
“costumbre” e inventando supuestas fuentes del derecho, todo lo
cual llegó a ser teorizado y pretendidamente racionalizado;
·
que desde el punto de vista formal la legalidad significa que la
única fuente productora de ley penal en el sistema argentino son los órganos
constitucionalmente habilitados;
·
y la única ley penal es la ley
formal de ellos emanada conforme al procedimiento que establece la propia
constitución
·
y a la “costumbre”, solo le
reconoce el valor para establecer los límites de la tipicidad penal cuando la
ley se remite a ella;
·
que deben excluirse como leyes penales constitucionales las no
emanadas de los órganos legislativos del estado, rematando
todo agregando que es necesario extremar los recursos para que solo la ley
formal sea fuente de criminalización primaria, no pudiendo el juez completar
los supuestos.-
El
juez Zaffaroni sin explicación alguna borró con el codo lo que escribió con
ahínco durante muchos años y los otros cuatro
que lo acompañaron en el fallo, Enrique S. Petracci, Antonio Boggiano, Juan
Carlos Maqueda y Elena Highton de Nolasco, olvidaron lo enseñado por todos
los maestros del Derecho Penal en
La Argentina.-
Alzándose
contra la Constitución y la jurisprudencia de la propia Corte, han
destruido al estado derecho, quebraron el pacto social y dejaron a los
ciudadanos librados a su propia suerte al reconocerle al Estado un poder omnímodo
mediante una sentencia del más alto tribunal de la república.-
Los
guardianes de la constitución autoritariamente la derogaron.- ¿Dirá
algo el Congreso?”
Dr.
Florencio Varela
DNI
5.596.036
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3
– La Nueva Provincia - Bahía Blanca - República Argentina
- 5 de Setiembre de 2004
Otras
voces:
“Blumberg
y Carlotto”
por
el Dr. Víctor E. Ordóñez
En
oportunidad de la primera marcha convocada por el señor Juan Carlos Blumberg,
en abril pasado, comentamos su significado y su alcance, viendo en esa
multitud serena pero elocuente una expresión de un estado de ánimo que no se
podía seguir ignorando; y que, por el contrario, había que atender con
urgencia, incluso antes que otros problemas que muchos pretenden poner en
primer nivel; son los que se empeñan en desconocer que la sociedad clama más
que exige por seguridad.
Ahora,
en la más reciente concentración - la tercera - a que llamó el mismo
ciudadano Blumberg se reunieron, no obstante las cifras equivocadas que dejó
trascender el gobierno, más de 100.000 personas, un número tal vez inferior
a la anterior, pero, así y todo, igualmente significativo. Y por más de un
motivo.
En
primer lugar, porque la gente acudió a esta movilización espontáneamente y
sin necesidad de ser "empujada" ni "comprada" por sus
organizadores, a lo que sí se ve obligado cualquier otro partido o
nucleamiento en la Argentina de 2004. Porque, en efecto, nadie - excepto el señor
Blumberg - puede hoy proponerse y lograr una concentración verdaderamente
multitudinaria; nadie es hoy escuchado por varios miles de personas para
asistir a efectuar un reclamo determinado.
Y
los que lo intentan deben recurrir a una infraestructura de la que aquél
carece. Esto, como lo dijimos en su momento, supone una nueva realidad social
que nadie - ni dentro como los Fernández ni fuera del poder como las Madres y
las Abuelas - tiene el derecho a negar ni a desconocer.
Aquí
se deja vislumbrar como una gran tramoya, como una ficción monumental que se
ha apoderado, como en 1984 , del cuerpo social y
se nos hizo creer - ¿hasta ahora? - que la vocación por un castigo justo de
crímenes de cualquier índole era patrimonio excluyente de los organismos
levantados sobre la memoria y la reivindicación de los terroristas de los 70.
Pareció,
ante el ejercicio de semejante monopolio de la "justicia" - o, mejor
dicho, del Poder Judicial - que únicamente las dichas Madres y Abuelas eran
las afectadas por la comisión de crímenes y que
el resto del cuerpo social se atuviera a lo que el Estado le brindaba y se
conformara con ello, por insuficiente e ineficaz que fuere.
La
maquinaria judicial - ganada por los letrados setentistas - se ponía en
movimiento sólo para ocuparse de sancionar a los autores, reales o presuntos,
del mal llamado terrorismo de Estado.
Ese
era y es, en la perspectiva de los jueces entre progresistas y obedientes que
intervienen en las causas de desaparecidos, el objetivo fundamental del Estado
argentino.
Lo
tosco de tal concepción venía pasando inadvertido entre nosotros, básicamente,
porque la comunidad estaba ametrallada y bombardeada por un discurso
unilateral que manejan los organismos autotitulados de derechos humanos y los
comunicadores adictos, con o sin representación en el gobierno.
Pero
he aquí que virtualmente desde la nada, de un modo imprevisto surge un hombre
- un homo qualunque, diría Papini - capaz de citar, apenas en nombre de su
dolor de padre privado brutalmente de su hijo, a miles de compatriotas que
quieren volver a vivir en paz. Esa muchedumbre
gris y digna, discreta, clarificada en sus propósitos, caminó sin lesionar a
nadie ni perjudicar a nadie por las calles de Buenos Aires, requiriendo
seguridad sin más, concreta y en nombre
propio.
Ninguna
ideología los excitaba; ningún programa espectacular los concitaba; ninguna
bandera, fuera de la nacional y la del sentido común, los movía. Ni
prejuicios ni odios, ni revanchas ni venganzas: sólo la ley aplicada
justiciera y acertadamente.
Las
Madres y las Abuelas vieron tambalear su negocio, esa irritante comedia de
engaños en las que ellas y sólo ellas son las que sufren y las que pueden
pedir castigo. Reaccionaron inquietas porque el
vodevil podía llegar a su fin, la farsa montada durante treinta años - con
parsimonioso esfuerzo mediático - daba síntomas de haberse vuelto increíble
e insoportable para una mayoría que empezaba a hacerse oír y sentir.
Un
nuevo y desagradable actor había entrado en escena y
amenazaba con derrumbar los telones y cambiar el argumento que se venía
representando tan unilateralmente hasta entonces y durante más de un cuarto
de siglo.
La
señora de Carlotto no toleró la intromisión y se sintió agraviada en su
dolor y desafiada en su monopolio (un dolor, nos atrevemos a sugerirlo, a esta
altura ya casi abstracto). Echó mano primero a una dialéctica un tanto
confusa y afirmó que a Blumberg le interesaban las leyes y no los derechos
humanos. Razonamiento poco claro, pero que
demuestra que estos pérfidos defensores de los derechos humanos distinguen
los derechos humanos (los suyos) por encima de la ley, es decir que aspiran a
crear un ordenamiento legal basado en su concepción jurídica que se limita a
la protección de sus hijos terroristas de los 70 y que, consiguientemente,
excluye a los que no lo son.
También
la infaltable Hebe de Bonafini sumó su adjetivación elemental y Luis D'Elía,
por su parte, repitió el único disquete que la izquierda lleva incorporado
para argumentar en cualquier ocasión y sobre cualquier problema. Una
olvidó que ha apoyado públicamente a la ETA y el otro que ha arrasado -
hasta hoy sin consecuencias jurídicas - una comisaría. En un país decente,
ambos se encontrarían inhabilitados para hablar.
Se
podrán discutir los rasgos de este novísimo movimiento en agraz que lidera
un padre que no busca venganza, sino justicia por el asesinato de su hijo único,
incluso sus intenciones y hasta sus méritos.
Pero
lo que importa - desde un punto de vista político más que sociológico - es
que constituye un fenómeno inédito que,
cualquiera sea su suerte y su futuro, ha puesto de manifiesto una realidad inédita:
la gente busca - y algunos esperan haberlo encontrado - un operador confiable,
un representante auténtico que, desde un programa mínimo y nada
espectacular, sirva para restablecer el orden y la posibilidad de la
convivencia.
Víctor
E. Ordóñez es analista de cuestiones nacionales e internacionales de
actualidad.
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