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Newsletter - Editado por José Benegas – www.eldisidente.com

"El disidente no actúa en la esfera del poder real en absoluto. No está buscando el poder. No aspira a cargos oficiales ni busca votos. No trata de agradar al público, no ofrece nada ni promete nada. Puede ofrecer en todo caso sólo su pellejo, y lo ofrece en soledad porque no tiene otro modo de afirmar la verdad que sostiene. Sus acciones simplemente articulan su dignidad como ciudadano, sin importar el costo".

Václav Havel

 

Contenido:

 

"La Triple K y la situación de los derechos humanos en la Argentina"

"Moneda de cambio"

"La idoneidad es requisito para los cargos públicos, no el crimen "

"Se dijo"

"La Triple K y la situación de los derechos humanos en la Argentina"

Con una ansiedad que es consecuencia del trauma de la corta experiencia camporista, nuestros imberbes devenidos sexagenarios avanzan sobre el sistema político institucional sin encontrar resistencia. A su paso y sin advertirlo desnudan su naturaleza frente a un público que se hace el ciego desde hace al menos veinte años.

La Argentina de hoy guarda cierto parecido con un viejo programa de televisión que dirigía Mauro Viale, por el que desfilaban toda clase de personajes que al principio parecían muy normales y civilizados, pero que al ser invitados una y otra vez por el conductor terminaban mostrándose como verdaderamente son. Despojados al tiempo de la pose inicial que provocan las cámaras, tales personajes terminaban por exhibir el comportamiento que les era natural y la cáscara se les caía a pedazos. Entonces empezaban los golpes, los gritos, las malas palabras (que en algunos destinatarios no estaban tan mal). Como experimento sociológico no se vio algo igual en televisión.

El señor K y sus amigos podrían conducir "Impacto en el siglo XXI" aún cuando el conductor se confunda con sus invitados. El estilo K, además de incluir la conmoción y el golpe bajo como metodología de gobierno, nuestros "defensores de los derechos humanos" puestos en escena y con todos los resortes del poder en sus manos, se conducen como lo intolerantes y belicosos que en realidad son y todos sus ropajes desaparecen.

El principal de sus ropajes ha sido precisamente el de ser los defensores de los derechos humanos, los mismos que no reconocen a las víctimas de los regímenes brutales con los que simpatizan y que no nos reconocen al resto de los mortales que no formamos parte de su estrategia de dominación. A esta altura del partido sus acciones en la materia se parecen más a la metodología del Ku Klux Klan que a la palabrería que han estado exhibiendo respecto de un pasado minuciosamente inventado y/o recortado. Y todo esto simplemente dejándolos actuar.

La más reciente iniciativa de la Triple K (un nombre doblemente apropiado para la tendencia opresiva actual), ha sido la monstruosidad de pretender obligar a supuestos hijos de desaparecidos a realizarse estudios forzosos de ADN para establecer el vínculo sanguíneo que se les atribuye.

La idea es consecuencia de un fallo de la Corte Suprema de Justicia de octubre del año pasado que dejaba sin efecto una resolución de la Kámara Federal (brazo judicial de los deseos de Horacio Verbitsky) que ordenaba la extracción compulsiva de muestras de sangre a Evelyn Vázquez, hija supuesta de Susana Pegoraro, desaparecida en el año 1977. En la causa se imputa falsificación de documento público, supresión de identidad y retención de un menor de 10 años a Policarpo Vázquez y su mujer Ana María Ferrá, quienes admitieron no ser los padres biológicos de Evelyn, a pesar de haberla anotado en el registro civil de ese modo, y que les fue entregada por personal de la Armada. Evelyn en consecuencia es la víctima en la investigación. Además es mayor de edad y mantiene un vínculo afectivo con quienes creyó sus padres y en lo que a ella respecta cumplieron ese papel.

Pero a la triple K los fallos no la detienen. Una de las principales motivaciones de Página 12 y su apéndice el gobierno de Néstor Kirchner para atacar a la Corte era precisamente cambiar su jurisprudencia y eliminar todo vestigio de derecho en la Argentina para hacer aparecer como jurídico lo que es antijurídico (la otra motivación era cambiar la jurisprudencia en materia de corralito y pesificación).

Con la misma intención se brinda protección política e impunidad o ascensos a jueces que tienen sus cuentas un tanto desordenadas a la hora de justificar abultados patrimonios, a los que hace pocos años atrás se imputaba pertenecer a la lista de la servilleta de Carlos Corach y hoy son tratados como próceres sólo porque aceptan privar de la libertad a las personas adecuadas y convalidar horrores jurídicos como la anulación parlamentaria de leyes.

Pero cambiar a la Corte no era suficiente en este caso, por lo que a un fallo le seguirá su "derogación" por vía legislativa. Un paso más en el camino de la destrucción de las instituciones en la Argentina.

El proyecto dispone que para resolver dudas sobre la identidad genética en casos de supuestos hijos de desaparecidos "la autoridad competente deberá ordenar todas las medidas conducentes a establecerla. A tal efecto, para la realización de los estudios pertinentes de filiación e identidad por análisis de ADN se podrán utilizar muestras de sangre, bulbo piloso o semen, o cualquier otra que posibilite el resultado buscado".

Nuestra triple K se propone establecer como ley la extracción de sangre pelos o semen de manera compulsiva a una persona ni siquiera imputada de un delito sino reputada víctima de uno, contra su voluntad, en nombre para colmo de los "derechos humanos".

Nuestro ideólogo en la materia, el simpatizante de Fidel Castro Eduardo Luis Duhalde, promotor de la iniciativa, entiende que "el derecho a la intimidad" de los supuestos hijos de desaparecidos "debe ceder ante el interés colectivo de conocer la verdad".

Este concepto opuesto a nuestro sistema jurídico basado en la libertad individual, es en realidad la síntesis del pensamiento totalitario: el individuo a merced del interés colectivo (interpretado siempre por individuos por supuesto). El totalitarismo es en la Argentina de "Impacto K" el fundamento de los "derechos humanos".

La norma que se propone impulsar el gobierno es una violación expresa a compromisos internacionales asumidos que como consecuencia de la reforma del 94 forman parte del derecho constitucional argentino. La Convención Internacional contra la Tortura de la que la Argentina es parte, dispone que "A los efectos de la presente Convención, se entenderá por el término tortura todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia. No se considerarán torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas, o que sean inherentes o incidentales a éstas" (artículo 1° de la Convención Internacional contra la Tortura, ratificada por Ley 23.338).

La Argentina de la Triple K se apresta en consecuencia a consagrar la tortura como metodología para extraer información, aplicada no ya contra autores, sino contra víctimas de delitos.

Sin duda argumentarán que extraer sangre, semen o pelos a una persona por métodos violentos no es grave a pesar de que representa una clara violación de la integridad física. Sabemos que lo único grave es lo que pueda afectarlos a ellos, pero tendrán que lidiar igual con el artículo 16 de la misma convención que aclara sin dejar lugar a dudas que "Todo Estado Parte se comprometerá a prohibir en cualquier territorio bajo su jurisdicción otros actos que constituyan tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y que no lleguen a ser tortura tal como se define en el artículo 1, cuando esos actos sean cometidos por un funcionario público u otra persona que actúe en el ejercicio de funciones oficiales, o por instigación o con el consentimiento o la aquiescencia de tal funcionario o persona".

Volviendo a la inspiración filosófica de nuestro secretario de "derechos humanos" ¿Cuál es la diferencia entre torturar a un terrorista para obtener información de "interés colectivo" y hacerlo con Evelyn Vázquez? Hasta el "interés colectivo" está más claro en el primer caso y la torturada en el segundo no es siquiera sospechosa de un crimen. El señor Duhalde parece más el exégeta de la violación que de la defensa de los derechos humanos.

Si hacemos una evaluación de la situación de los derechos humanos en la Argentina, el todavía recién instalado gobierno del señor K se vería en dificultades para pasar el examen:

• Los derechos humanos de los militares son violados de múltiples formas. Desde derogando o anulando amnistías y omitiendo la aplicación del principio de la ley más benigna, hasta persiguiendo a sus abogados defensores.

• Los derechos humanos de víctimas de represión ilegal al no investigarse los novecientos casos de desaparecidos ocurridos antes del 24 de marzo de 1976 sólo porque probarían que esa represión ilegal fue dispuesta y ejecutada en su mayor medida por el gobierno peronista de Isabel Perón más que por los militares.

• Los derechos humanos de supuestos hijos de víctimas de represión ilegal al intentar consagrar la tortura contra ellos para la obtención de información.

• Los derechos humanos de la población en general, al privársela de jueces imparciales por la vía de arrasar a la Corte Suprema de Justicia. Las acciones del gobierno en ese sentido violan otros compromisos internacionales en materia de derechos humanos tales como la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, cuyo artículo 10 dice que "Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal".

Podríamos agregar también el férreo control de la prensa que existe en el país montonero, donde las opiniones independientes o críticas van desapareciendo de la mano del miedo, la compra de voluntades y el apriete fiscal, y veríamos que la Argentina ha entrado en una espiral que conduce a la violación sistemática de los derechos humanos, imputable directamente a sus supuestos defensores.

En el caso de los exámenes compulsivos de ADN es comprensible el deseo y hasta la desesperación de los parientes biológicos de despejar cualquier duda sobre el parentesco, pero ese deseo no da derecho a ejercer tormentos contra terceros. Tampoco da ese derecho ni la lucha contra el terror, ni la lucha en su favor.

El pretender que una persona abjure de vínculos afectivos personales, les gusten o no a quienes los juzgan desde afuera, en función de una razón de Estado es también típicamente totalitario.

Tras promover las candidaturas a ministros de la nueva Korte Suprema de Eugenio Zaffaroni (previo perdón de omisiones en sus declaraciones juradas idénticas a las que motivan la persecución de Carlos Menem por el ministerio de Justicia), y de Carmen Argibay, el gobierno propuso a Elena I. Highton para integrar el Tribunal ante la tercera vacante ilegítima obtenida en la cima del Poder Judicial.

Instituciones como el Fores (Foro de Estudios de Administración de Justicia) y la Fundación Bicentenario (en este caso prescindiendo de la opinión de varios de sus miembros) que rechazaron en su momento la candidatura de Zaffaroni, salieron a respaldar la postulación de Highton de Nolasco, haciendo el juego a la burda estrategia oficial.

Al Gobierno le interesa que la Corte lo siga en dos temas que implican crímenes del Estado contra individuos o la población en general que requieren convalidación: persecuciones políticas arrasando con el sistema jurídico: a) militares, "menemistas" no conversos y opositores, y b) corralito /pesificación asimétrica. Highton no sería un obstáculo para este último propósito y su voto es innecesario respecto de los planes de persecución oficiales.

El Fores, la Fundación Bicentenario y la doctora Highton han pasado de esta forma a convalidar el asalto a la Corte y los restantes nombramientos, al santificar el procedimiento en función de una candidatura en particular.

Es grave que una institución ya arraigada como el Fores o la Fundación Bicentenario, de más reciente aparición, incurran en el error de avalar el proceso de violación de la independencia del Poder Judicial llevado a cabo desde el ministerio de Justicia del señor K, por el hecho de recibir parte de los beneficios como consecuencia de la simpatía, cercanía política o buenos antecedentes respecto de alguno de los candidatos. Un auto robado no deja de ser menos robado por el hecho de que se le entregue a la madre Teresa.

De repente pareciera que las metodologías violentas e ilegales, o el simulacro de juicio político al que fue sometido Moliné O’Connor no importan si el sector "propio" recibe su parte de semejantes crímenes con una candidata "aceptable".

Es indigno aceptar ser miembro de la Corte a propuesta de un gobierno que literalmente la asaltó para obtener la vacante. La sola aceptación de la postulación descalifica al postulante, siendo todos los nombramientos desde el señor Maqueda hasta la fecha de una nulidad insanable que algún día deberá subsanarse reduciendo a cinco los miembros del tribunal y declarando ilegales los nombramientos. El apoyo a esa postulación tramposa, descalifica también a quienes incurren en semejante error jurídico, político y ético aunque más no sea por su ceguera. Las sociedades que caen en el totalitarismo primero son diezmadas en lo moral, al punto en que el bien y el mal no se distinguen.

La Fundación Bicentenario además hace referencia a la condición de mujer como dato favorable a la doctora Highton de Nolasco y se queja de que sea otra residente de la Capital Federal miembro de la Corte. En ambos casos exhibe una ignorancia del derecho alarmante. En el primero porque la Corte Suprema no es un círculo para promover el matrimonio y el sexo de sus integrantes carece por completo de relevancia. En el segundo por partir de un principio representativo (federal en este caso) que es ajeno por completo a la naturaleza del Tribunal.

La autoproclamada impoluta Graciela Ocaña, designó al terrorista Julio Cesar Urien para dirigir la seccional San Martín del PAMI. La información publicada al respecto agregaba que el mencionado ex-marino se "negó a participar de la represión ilegal y después fue montonero".

Esto es FALSO. Urien fue el organizador y conductor de un intento de copamiento en la entonces Escuela de Mecánica de la Armada, donde prestaba servicios como Oficial Subalterno – Guardiamarina - de la Fuerza. Este traidor a su uniforme comandó aquel intento, que se produjo pocas horas antes de la llegada de Perón al país, a fines de 1972. El objetivo de Urien era tomar el armero (depósito de armas) del instituto para luego distribuir esas armas entre otros miembros de la organización criminal a la que pertenecía (¿o pertenece?).

En el intento de copamiento resultó asesinado por el mismísimo Urien el Cabo 1° Furriel Juan Luis Contreras, que cumplía funciones en la guardia principal del instituto e intentó - tal cual lo obligaba su deber de soldado - defender su unidad incluso a riesgo de su vida.

En síntesis, Urien era montonero ya en 1972, fue detenido por homicida y por pertenecer a una banda asesina, y estaba preso cuando el Gobierno Constitucional de Isabel Perón ordenó a las FFAA aniquilar a la guerrilla. Mal se puede haber negado a participar en represión alguna, entonces, tal cual nos quieren hacer creer desde el PAMI.

Las noticias falaces sólo sirven a los interesados que pretenden que la "memoria colectiva" sólo recuerde lo que a ellos - partícipes directos o indirectos de crímenes como el del Cabo Contreras - les conviene. Por eso, también, se dedican a crear museos.

"Los sectores más duros buscan que reaccionemos de manera violenta, pero esto generaría más violencia. Preferimos pagar los costos de la paciencia que los costos de la represión".

Alberto Fernández

Jefe de Gabinete

 

El negocio del señor Jefe de Gabinete es obvio. El costo de la paciencia lo pagarán los que quieren circular para trabajar, llegar hasta un hospital, o cumplir cualquier actividad particular y los comerciantes que son llevados a la quiebra por la parálisis provocada por la violencia piquetera. El señor Jefe de Gabinete puede viajar en el helicóptero presidencial.

Lo que llama "el costo de la violencia" es el cumplimiento de sus deberes como funcionario público, el mismo delito por el que se persiguió a cuanto "noventista" existió, pero ante el cual la administración K es impune. No trabajar es gratis para el señor Jefe de Gabinete.

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Aceptando la propuesta del Ministerio de Justicia, he visitado el sitio web del mismo (www.jus.gov.ar) para conocer el currículum vitae de quien ha sido propuesta por el Poder Ejecutivo para integrar la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Me han sorprendido ciertos detalles de Carmen Argibay, como por ejemplo que jamás alcanzó el título de doctora, o que desde hace dos años está jubilada. En el primero de los casos, considero que, por una cuestión de prestigio, debe ser exigible para quienes integran nuestro máximo tribunal un cierto nivel de estudios, más allá de lo que la práctica del oficio les haya brindado como experiencia. Por otra parte, la jubilación de la función pública de la señora Argibay resulta por demás llamativa, ya que entre los años 1965 y 1969 aparece como dedicada "a la actividad privada", de igual forma que entre la década comprendida entre 1975 y 1985.

Si se observa con cuidado, la aparente extensión y significación de la trayectoria de la jueza resulta inconsistente, ya que en muchos casos se ha llenado con detalles irrelevantes como "profesora de matemáticas hasta que se encontró otra persona para el cargo" o bien como miembro de asociaciones cuyas siglas no se explican. Estimo que en nuestro país existen juristas de nota, cuyas currículas no presentan baches ni irregularidades de ningún tipo y cuya transparencia tanto en la función pública como en el ámbito privado son mejores garantías para un futuro desempeño en la Corte que las presentadas por Carmen Argibay.

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"Que no se quejen"

El eje de la exitosa campaña política impulsada desde el Gobierno de la Ciudad con el apoyo del poder central (hoy, más central que nunca) fue descalificar a los adversarios echando un manto de duda sobre sus conductas, en el intento de atemorizar a una sociedad impúdicamente dócil al manoseo de sus gobernantes. Inventando fantasmas primero y asustando, luego, con su tenebrosa aparición en una realidad política creada a fuerza de voluntarismo puro, fue una campaña más pobre que sucia; una brillante campaña negativa. Ibarra ganó diciendo, entre líneas, "Vóteme a mí, mire que él es peor". Es justo reconocer que, en materia comunicacional, no había opciones; hubiese sido imposible hallar el publicista capaz de edificar una campaña sobre los logros de su gestión.

Y la gente, hizo caso. Por eso y, no nos engañemos, porque él y sus circunstanciales aliados representan el sistema. Cada sector votó por la continuidad de sus privilegios: hordas de ñoquis y empleados públicos aseguraron su puestito en la adiposa administración porteña por otros cuatro años; los piqueteros reafirmaron la impunidad para seguir sembrando desorden; los aparatos políticos revalidaron títulos y demostraron su eficiencia a la hora de dar vuelta resultados; los punteros barriales se aseguraron la subsistencia misma al demostrar que las viejas prácticas siguen teniendo una utilidad decisiva y que sin ellos, no se puede. Todos confluyeron en el apoyo a quien no hace tanto, hacía campaña con y por De la Rúa. Todos juntos, camino a repetir, en el mejor de los casos, otro período de mediocridad.

Ahora bien. ¿Ellos hacen el 53% de la capital? Probablemente, no. Sin embargo, si hay una característica común en el votante medio de la última década es el doble discurso (porque la moral de situación no es una inconducta exclusiva de la dirigencia); incorporó la frivolidad que tanto descalifica, pues al que lo estafa en dinero lo manda a la cárcel pero al que lo estafa ideológicamente, lo reelige. Se rasga las vestiduras por la indecencia de los políticos mientras permanece inmutable ante la condición constitucional de la idoneidad que casi ninguno alcanza porque para este espécimen postmenemista, frívolo, superficial, prepotente y poco calificado, la estafa es un delito exclusivamente económico.

Pero la evaluación resulta lógica, pues no hace más que trasladar al ámbito público su propia escala de valores: importa el dinero, no la lealtad, no los principios, y mucho menos la lealtad a los principios. Por eso, en definitiva, no repudia a los Ibarra de la fauna política contemporánea. No sólo no los repudia, los respalda bajo el lema de "Ojo con robar dinero, el resto no importa".

Esa nueva estirpe de argentino medio, "snob" hasta lo más recóndito de su esencia, cierto es que comparte con quienes rechaza en voz alta, una profunda indiferencia por el país. Ausencia de patriotismo, el mal de los políticos.

Habiendo conseguido Carlos Menem un apoyo inédito, derrochó la oportunidad de cambiar estructuras perversas que impidieran esto que nos pasa ahora, es decir, la vuelta al pasado. Estafó a propios y defraudó a ajenos. Malversó la confianza que muchos depositaron en él y, en una muestra extrema de falta de patriotismo, privilegió sus intereses personales, ni siquiera los partidarios, a los del país; se enredó en una pelea cuerpo a cuerpo que terminó arrasando hasta con sus pretensiones. Dejó un tendal tras la contienda, sacudió sus manos y marchó sin mirar para atrás.

Tal vez sea injusta con Ricardo López Murphy. Puede que los gigantescos errores recientemente cometidos por el líder de Recrear tengan más de miopía política que de desamor a la patria. Pero se hace difícil explicar cómo una persona medianamente inteligente puede cometer semejante error dos veces seguidas en tan poco tiempo. Si no fuera por la lápida que él mismo acaba de poner sobre su corta carrera política, daría para pensar que fue agente de intereses "tercerizados", pues no hizo más que dividir y debilitar a la oposición, colaboración inestimable para una izquierda aglutinada que se valió, entre otras cosas, de las mezquindades tan propias de la derecha argentina.

Como aporte del cupo femenino, de los ejemplos de falta de patriotismo Patricia Bullrich se lleva las palmas. Es justo preguntarse qué aporte hizo a la comunidad que le ha pagado tantos sueldos como empleada del Estado argentino. Alejada de la militancia subversiva que eligió como forma de participación social durante los ´70, aggiornada, como sus camaradas de armas, paseó por cargos públicos y partidos políticos su inescrupulosa conducta ya no como un defecto de su gestión sino como principal condición.

Cuando la euforia proselitista haya pasado y las cuestiones importantes sigan sin solución, el índice de desempleo negándose a bajar; el Congreso, con su paquidérmico ritmo, autista frente a las necesidades concretas; las listas sábanas, intactas, envolviéndonos a todos elección tras elección; el reparto discrecional de programas de subvención política encubierta a hijos y entenados de los punteros de turno; el plan de reemplazos en el poder judicial por magistrados adictos al nuevo régimen; las instituciones, base irreemplazable de las sociedades serias, heridas de muerte por acción y omisión; agitadores a sueldo diseminados a destajo sembrando el caos tras la bandera del legítimo reclamo; la información colada por comisarios políticos de la talla de terroristas como Bonasso y Verbistky o sucedáneos; las fuerzas armadas denostadas y arrinconadas por la prédica disolvente de una dirigencia sin estatura moral para agitar el dedo frente a nadie; la policía maniatada por el miedo a la autoridad que, gracias a la política de seguridad implementada, le trasladó el sentimiento del que libera al delincuente.

Creado, al fin, el clima propicio para la suma del poder, cuando no alcance con el asistencialismo oficial - el pan - ni con los conciertos populares al aire libre - el circo - quienes los votaron, digo, que no se quejen.

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"Enrique Avogadro se interroga acerca de lo que sucedió en Caracas"

Realmente, cuando escuché el viernes, de fuentes argentinas, la versión de un acuerdo con Brasil para negociar en conjunto las deudas soberanas con los organismos multilaterales me llamó mucho la atención y, públicamente, dije que, en la medida en que resultara cierta, implicaría un antecedente revolucionario y positivo para las finanzas mundiales.

Tanta fue la difusión en la prensa escrita local, que me incliné a dar mayor veracidad a la información. No podía creer, entonces, que todos los periódicos se subieran a una ola de tal magnitud sin haber confirmado fehacientemente la especie.

Por supuesto, recurrí a una recorrida total sobre los diarios brasileños (Globo, JB, Folha, Gazeta, Estadão, Correio Brasiliense, Valor, etc.), en procura del punto de vista de nuestros vecinos a tan impactante e impensada novedad. Debo confesar que no me asombró la inexistencia de cualquier comentario sobre una noticia que puede cambiar, inmediatamente, la situación internacional de su País.

Cierto es que Lula atraviesa por un período sumamente complicado, tras catorce meses de buena letra con el FMI. Mireilles y Palocci consiguieron, a fuerza de apretar hasta el extremo el presupuesto nacional, cumplir con un superavit primario enorme pactado y, con ello, superar el mayor temor de Lula: la inflación. Pero ese lado de la realidad tiene su contracara en un gran aumento del desempleo, en la paralización de muchas políticas sociales anunciadas, en la falta de inversión estatal en infraestructura y en una caída del PBI, por primera vez desde 1992.

Lula, entonces, ha pagado un alto precio por superar la imagen que arrastraba a fines de 2002, cuando ganó la Presidencia, pero se ha visto obligado para ello a olvidar todas sus promesas de campaña. Si le sumamos a eso el escándalo del asesor de Dirceu, tendremos explicado el por qué de la caída de popularidad que Lula está padeciendo.

Pese a todo ello, el panorama de la deuda brasileña es totalmente distinto al nuestro. Brasil no está en default, tiene un riesgo-país diez veces menor que el nuestro, y es hoy, con México la única alternativa para una inversión extranjera, que se ha manifestado, después del 11 de septiembre, extremadamente escasa.

Todo esto me lleva a pensar que, una vez más, estamos ante una estrategia comunicacional de Kirchner, que 'vende' en su frente interno casi lo que quiere, ya que ese frente interno quiere 'comprar' esperanza y falso nacionalismo.

Un capítulo aparte merece el tema de la presunta expulsión, por parte de Lula y a pedido de nuestro inefable K, de su representante ante el FMI, el señor Portugal. Y digo que merece un capítulo aparte tanto por lo improbable - ni Lula ni Itamaraty son proclives a aceptar exigencias de este tipo - sino porque, aunque fuera cierto, parece un despropósito informar como se hizo a la prensa.

Mañana, cuando pueda hablar con mis amigos de Brasília, me enteraré de la real dimensión de un tema que, con seguridad, ha sido tratado en Caracas pero, con la misma seguridad, no acordado.

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